La directiva de retorno de inmigrantes de la Unión Europea se contradice con el Convenio Europeo de Extradición del Consejo de Europa de 1957, que limitaba a 40 días los plazos de retención provisional y ha sido ratificado desde entonces por los 27 países miembros de la UE. El texto aprobado ayer por el Parlamento (la Directiva Retorno) establece un límite máximo de 6 meses ampliable a 18 para inmigrantes a la espera de ser devueltos a sus países. La denuncia la emitió ayer el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Aguelo, que insiste en que, de confirmarse, plantearía nuevas dudas legales a la polémica directiva.

Aunque el convenio de derechos humanos fue aprobado hace 51 años, España no lo ratificó hasta 1982. Y varios países siguieron sus pasos: Portugal (1990), Polonia (1993) o Bélgica (1997), según un informe del Consejo de Europa.

Este compromiso del Gobierno español es uno de los que inspiraron que la primera Ley de Extranjería recogiese un plazo máximo de internamiento de 40 días, dice Aguelo. Ésta llegó en 1985 y, tras varias modificaciones, el Gobierno plantea ahora aumentar los plazos a cerca de 60 días, aunque todavía no ha fijado un límite definitivo. El CGAE ha remitido el caso al Consejo de Europa para su estudio.

Críticas de las asociaciones

Además, la aprobación de la directiva suscitó ayer una tromba de protestas políticas, asociaciones, sindicatos y otras organizaciones. El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, calificó de gravísima la actitud del PSOE por votar a favor de la directiva. Se trata de un atentado a los principios fundamentales como el derecho a la libertad y el derecho a emigrar, añadió.

Varias asociaciones añadieron la repulsa al límite máximo de 18 meses y las condiciones de internamiento en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). El ministerio del Interior aseguró que la utilización de estos centros en España es correcta, aunque estudiarán las denuncias emitidas por el Defensor del Pueblo sobre falta de intimidad, seguridad, infraestructuras. Respecto a la aprobación de la directiva fuentes del organismo insistieron en que es un primer paso para la política común, un avance para los inmigrantes y sus derechos y amplía las garantías en algunos de los países.