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El Ecofin discute el papel de los grandes depositantes en futuros rescates

Los ministros presionarán a Luxemburgo y Austria para que levanten su veto a normas contra el fraude fiscal

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Los ministros de Economía de los Veintisiete discutirán este martes en qué casos deben asumir pérdidas los depositantes con más de 100.000 euros en futuros rescates de bancos en crisis, una cuestión que ha cobrado máxima actualidad tras el fiasco del plan de ayuda a Chipre.

El tratamiento de los grandes depositantes es uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo sobre la nueva directiva de resolución de crisis bancarias. El objetivo de la norma es que sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen futuros rescates bancarios. El Ecofin tratará de acercar posturas con el fin de lograr un acuerdo en junio.

En lo que sí hay acuerdo unánime entre los Veintisiete es que los depósitos de menos de 100.000 euros quedarán a salvo de participar en cualquier rescate, a diferencia de lo que ocurrió con el primer plan para Chipre, que preveía una tasa del 6,75%.

En cuanto a los grandes depositantes, algunos países como Francia o España, defienden que a priori no tengan que participar en los rescates. No obstante, París reclama que las autoridades nacionales tengan margen de maniobra para imponerles quitas en casos dramáticos como el del rescate de Chipre, cuyos bancos apenas tenían otros tipos de acreedores. Otros Estados miembros reclaman un enfoque plenamente armonizado a nivel de la UE, que no deje margen de maniobra a los Estados miembros. En este caso, se impondrían quitas a los grandes depositantes al mismo nivel que al resto de acreedores.

Finalmente, la Comisión y la Eurocámara defienden dar carácter preferente a los depósitos de más de 100.000 euros. Ello significaría que sólo tendrían que asumir pérdidas cuando se agoten todas las quitas al resto de acreedores. Una mayoría de Estados miembros se opone porque considera que así aumentarían los costes de refinanciación de los bancos, según fuentes europeas.

La mayoría de países está también de acuerdo en que la nueva directiva de resolución debe entrar en vigor en 2018. Algunos Estados miembros, como Alemania, había sugerido adelantar la fecha hasta 2015, pero el resto alega que no hay tiempo y que existe el riesgo de un nuevo agravamiento de la crisis bancaria en los países periféricos.

La norma obligará a todos los Estados miembros a crear fondos de resolución prefinanciados por la banca, a imagen del fondo de garantía de depósitos. La mayoría de ministros está de acuerdo en que el nivel de prefinanciación debe situarse en el 1% de los depósitos cubiertos, salvo Reino Unido, que no lo ve necesario.

El Ecofin presionará además este martes a Luxemburgo y Austria, únicos países europeos que mantienen el secreto bancario, para que levanten su veto a la nueva directiva europea sobre fiscalidad del ahorro, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra la evasión de impuestos.

La normativa vigente obliga a los Estados miembros a enviar información sobre los intereses que se pagan a las cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de procedencia. No obstante, contempla una alternativa para los países que quieran preservar el secreto bancario que consiste en aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de procedencia de los ahorradores.

Sin embargo, según el examen de Bruselas resulta fácil para las personas físicas escapar a la norma recurriendo a estructuras interpuestas (como algunas fundaciones o trusts) cuyos ingresos no están gravados. Por ello, la nueva directiva se aplica también a estas estructuras interpuestas y no cubre sólo los ahorros sino también otros instrumentos como seguros o fondos de inversión.

Austria y Luxemburgo llevan bloqueando esta norma desde que la Comisión la propuso en 2008 y alegan que antes debe obligarse a Suiza, Andorra, Mónaco, San Marino y Liechtenstein a aplicar estándares similares para evitar que los ahorros se deslocalicen a estos países. El Ecofin tratará de aprobar los mandatos de negociación para concluir estos acuerdos, pero la mayoría de Estados miembros exige que la norma europea se acuerde ya sin ningún tipo de condicionalidad. Si persiste el bloqueo de Austria y Luxemburgo, la cuestión pasará a la cumbre de líderes europeos del 22 de mayo, consagrada a la lucha contra el fraude fiscal.