Continúa el baile de dimes y diretes en torno a la propuesta de reforma de las pensiones del Gobierno. Ayer se conoció que en los planes del Ejecutivo se baraja ampliar hasta 25 años, diez más que ahora, el periodo de cómputo para calcular la prestación. Así se lo hizo llegar el Gobierno a Bruselas en su informe sobre estabilidad presupuestaria, en el que asumía que la ampliación a 25 años del cálculo de las pensiones, sumado a la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, ahorraría casi cuatro puntos porcentuales de PIB en gasto de las pensiones a partir de 2030.

El revuelo causado por la idea llevó al Ministerio de Economía a retirar el párrafo del documento y a sustituirlo por otro en el que se elimina la referencia explícita al número de años de ampliación del cómputo. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insistía en Onda Cero en que el Gobierno no ha propuesto ni propondrá ampliar el periodo de cálculo y que se trataba de 'un ejemplo' que se eliminó porque podía llevar a error.

'Errores podemos cometerlos todos, y yo no puedo decir que no me equivoque nunca', reconocía la titular de Economía y de Hacienda.

La propuesta fue la piedra de toque de la anterior ronda del Pacto de Toledo

Con todo, no hay duda de que Economía planeaba esta propuesta, ya que en declaraciones a los periodistas después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Salgado, aseguró que la reforma de las pensiones del Gobierno supondría un ahorro de cuatro puntos porcentuales del gasto, la misma cifra del informe rectificado ayer.

Con esta corrección, el Ejecutivo intenta no echar más leña al fuego a la ya bastante polémica reforma de las pensiones y dejar la ampliación del periodo abierta para que se discuta en el Pacto de Toledo. En el informe que el Gobierno ha remitido a esta Comisión, que será la encargada de acordar la reforma final, se insta a estudiar el tema sin dar plazos concretos.

En cada una de las rondas del Pacto de Toledo, y van tres con esta, se ha tomado en consideración el periodo de cómputo. En la primera reforma (1996) se alargó de 8 a 15 años. Sin embargo, por un error en el mecanismo de medición (que no distinguía las pagas extraordinarias) el periodo real que se ha estado tomando es de 12,6 años. En la siguiente ronda (2003) se volvió a insistir sobre la posibilidad de ampliar el periodo, pero la oposición de los agentes sociales, en especial de UGT, dejó la recomendación en meras palabras. En la última reforma, que entró en vigor en 2008, se subsanó el cálculo de las pagas extraordinarias, de forma que se va ampliando hasta los 15 años reales, que se alcanzarán en 2013.

Si se implementa para 2025, la crisis actual estaría dentro del cálculo

Las idas y venidas de esta propuesta han generado muchas estimaciones sobre su impacto. Un estudio de diciembre de 2007 de la Seguridad Social concluye que de ampliarse hasta 20 años el periodo de cotización, la pensión media bajaría un 5,54%. Con los datos actuales, este recorte supondría casi 50 euros menos en las pagas mensuales de los jubilados. En la simulación del Ministerio de Trabajo, cada año que se amplía el periodo de cálculo la pensión media disminuye más de un 1%, de forma que si la progresión fuera lineal, la ampliación a 25 años podría suponer un recorte de más de un 10% de la pensión media (casi 90 euros al mes).

Lo cierto es que el propio informe detalla las dificultades de hacer un cálculo homogéneo. Primero, porque habría un amplio colectivo (los expulsados del mercado laboral a los 58 años) al que beneficiaría esta medida. Además, los estudios muestran que los salarios más altos se reciben entre los 40 y los 55 años, por lo que también mejorarían cuantitativamente otras pensiones. Sin embargo, esta ampliación afectaría en mayor medida a las mujeres, ya que podría abarcar los periodos de tiempo con reducción de jornada para el cuidado de hijos. Por otra parte, si la medida está finalmente implementada para 2025 las generaciones que se jubilen entonces (los nacidos en 1959) tienen más posibilidades de haber estado en paro en algún momento de la crisis actual, lo que afectará a la baja el cálculo de su prestación.