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Economía investiga irregularidades en la aseguradora del jefe de la CEOE

Las infracciones cometidas por Díaz Ferrán como presidente de Seguros Mercurio podrían llevarle a la inhabilitación en el sector

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El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán se enfrenta a un nuevo contratiempo en una de sus empresas que, en esta ocasión, le expone a graves sanciones por parte del Ministerio de Economía. Seguros Mercurio, empresa de la que es presidente y accionista, ha sido objeto de una inspección por parte del regulador del sector dependiente de Economía, que ha encontrado irregularidades en su gestión, lo que ha llevado a abrir un acta de infracción a la entidad, según aseguran fuentes empresariales.

Las irregularidades están ligadas a la falta de cobertura de la aseguradora, esto es, que los fondos que tiene la compañía no son suficientes para hacer frente al gasto en siniestros de sus clientes. Las mismas fuentes aseguran que la compañía puede necesitar algo más de 9 millones de euros para cumplir los requisitos que exige el regulador.

Mercurio es reincidente además en este tipo de infracción, ya que en 2004 la Dirección General de Seguros, el supervisor competente, le impuso medidas de control especial, también por cobertura insuficiente. La reincidencia será un elemento a tener en cuenta en el proceso sancionador que puede llevar al regulador a inhabilitar a sus administradores para ejercer cargos en cualquier aseguradora durante los próximos diez años. Es decir, si las alegaciones de la empresa no prosperan fase que se está dilucidando ahora Díaz Ferrán, el representante de los empresarios españoles y presidente de la aseguradora, podría ser inhabilitado como empresario en un sector de la economía.

Seguros Mercurio está especializada en asegurar autocares en sus inicios los que pertenecían a la flota del Grupo Marsans, núcleo empresarial de Díaz Ferrán y da empleo a casi cien trabajadores. En 2008 arrojó unas pérdidas de 14,75 millones de euros frente a los 10,6 millones de euros de patrimonio, lo que también podría ser otro de los motivos para que el regulador tomara medidas especiales sobre la entidad.

'La sociedad está inmersa' en un proceso que podría ser objeto de disolución

De hecho, la auditoría de las cuentas de 2008 llevadas a cabo por PriceWaterhouseCoopers y a las que tuvo acceso este periódico, asegura que, a 31 de diciembre de 2008, 'la sociedad está inmersa' en un proceso que podría ser objeto de disolución. Es decir, en quiebra técnica.

Según fuentes del sector, la situación de la compañía se habría agravado por un fuerte repunte de la siniestralidad motivado por un reciente accidente de autocar en el que hubo varias víctimas mortales y ante el cual la aseguradora tendría problemas para pagar las indemnizaciones. Este hecho habría dificultado aún más la venta de la compañía, que lleva varios meses con el cartel de 'se vende' sin lograr comprador.

Además, bajo la lupa de Economía también estarían los negocios inmobiliarios de la aseguradora. La sociedad ha estado actuando como arrendador y arrendatario de algunas filiales del grupo, entre ellas locales para Viajes Marsans. La sede de la compañía, sita en la calle Alfonso Gómez de Madrid y valorada por la propia empresa en más de siete millones de euros, fue cedida a una filial de la aseguradora Mercury Buildings que se creo ex profeso para gestionar el edificio.

Bajo la lupa de Economía también estarían los negocios inmobiliarios de la aseguradora

Además, la auditora de las cuentas también señala que la aseguradora, para conseguir dinero, ha vendido parte de su autocartera a Teinver, una de las principales empresas del grupo, de la que pende, entre otras, Air Comet. Aunque la operación se valoró en 4,2 millones de euros, que se abonarían con pagarés en enero de 2010, la auditora reseña que la sociedad no aporta datos que certifiquen que va a recibir el pago, por lo que puede incurrir en futuros problemas de insolvencia.

Una portavoz del Ministerio de Economía contactada por este periódico, declinó comentar esta información.

Entre los activos financieros de que disponía la aseguradora, había un millón de euros en bonos respaldados por el banco quebrado Lehman Brothers. Para la fecha de vencimiento, en 2012, la aseguradora espera recuperar 89.000 euros de la inversión inicial. La siniestralidad de la aseguradora se disparó en 2008 hasta el 102,34%, es decir, que por cada cien euros ingresados en primas la siniestralidad le costó 102 euros. En 2007 esta cifra estaba en un 77%. Fuentes del sector aseguran que un reciente accidente de autobuses con víctimas mortales puede hacer repuntar aún más su siniestralidad.El negocio del grupo cayó un 4%, hasta los 54 millones de euros, en 2008, según fuentes de la empresa. La causa es la fuerte competencia en el sector del automóvil, que ha “tirado” el precio de los seguros del ramo. La empresa asegura en sus cuentas que ha puesto en marcha un plan de actuación para “reequilibrar” el balance y sanear la situación financiera de la aseguradora. Entre otras medidas, ha reducido capital para compensar pérdidas y luego ha hecho una ampliación. Tanto en el informe de la auditora como en la memoria de las cuentas los accionistas muestran su compromiso con la aseguradora.

“Todo el grupo está en venta”. Con esta frase resumen varios de los trabajadores del grupo Marsans su estado financiero, lo que revela la existencia de graves problemas de liquidez en varias compañías. Con todo, sólo está confirmado el intento de venta de algunas de las filiales, como es el caso de Seguros Mercurio, de la que sus dueños llevan intentando deshacerse desde principios de año. Banesto Bolsa ha sido el banco elegido para mediar en la venta de la aseguradora.

En este proceso, El Corte Inglés sería una de las empresas tanteadas para adquirir activos de la compañía y la entidad encargada de gestionar las compras sería el banco Espírito Santo, según fuentes del sector.También algunas de las líneas de autobuses que gestiona el grupo podrían estar a la venta. A nombre de Gerardo Díaz Ferrán y de sus tres hijos hay un elevado número de empresas de transporte concesionarias de líneas regulares de autobuses en diferentes comunidades autónomas. Aunque algunas de estas líneas son rentables, el problema para su venta es que hace falta el visto bueno del gobierno autonómico de turno.