El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una demanda civil en contra de Standard & Poor's (S&P) y su matriz, The McGraw-Hill Companies, sobre las calificaciones de bonos hipotecarios, la primera medida punitiva federal contra una agencia de calificación por su supuesto comportamiento ilegal en la reciente crisis financiera. El Gobierno dijo en una presentación judicial que espera obtener sanciones monetarias civiles contra S&P y McGraw Hill. 'Consideraciones sobre cuotas, cuota de mercado, ganancias, y relaciones con los emisores influyeron indebidamente en los criterios y modelos de calificación de S&P', dijo el Gobierno estadounidense.

No está claro por qué los reguladores se podrían estar centrando en S&P en lugar de Moody's o Fitch Ratings de Fimalac . S&P, Moody's y Fitch han recibido fuertes críticas de inversores, políticos y reguladores desde hace tiempo por asignar altas calificaciones a miles de valores de alto riesgo y otros activos hipotecarios que rápidamente se vinieron abajo. 'Esta demanda es significativa porque podría augurar futuras medidas del Gobierno, o incluso peor para las agencias, más litigios de los inversores', dijo Jeffrey Manns, un profesor de derecho en George Washington University en Washington. Un caso civil supone un menor peso de pruebas que un caso criminal y podría hacer más fácil a los investigadores el descubrir pruebas potenciales mediante citaciones judiciales, agregó.

El diario The New York Times informó de que las negociaciones entre el Departamento de Justicia y S&P fracasaron la semana pasada, después de que el Gobierno buscara un acuerdo por más de 1.000 millones de dólares (unos 730 millones de euros). S&P dijo que la demanda se centra en sus calificaciones de 2007 a varias obligaciones de deuda garantizadas (CDO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La agencia había revelado previamente una investigación de la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC, según sus siglas en inglés; el regulador de la bolsa) sobre sus calificaciones por un CDO de 1.600 millones de dólares conocido como Delphinus CDO 2007-1. No estaba inmediatamente claro si ese CDO es parte del caso.

'Una demanda del Departamento de Justicia carecerá de méritos legales o factuales', dijo S&P en un comunicado. 'El Departamento de Justicia se equivocaría al afirmar que las calificaciones de S&P estuvieron motivadas en consideraciones comerciales y que no fueron emitidas de buena fe', agregó. En una variedad de demandas presentadas por inversores, S&P ha afirmado que sus calificaciones constituyen opiniones protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La portavoz del Departamento de Justicia Adora Andy y el portavoz de Moody's Michael Adler rehusaron realizar comentarios. El portavoz de Fitch Daniel Noonan dijo. 'No podemos comentar sobre el tema de S&P debido a que no nos involucra, salvo para decir que no tenemos razones para creer que Fitch sea objeto de una medida similar'.

Se espera que varios fiscales generales estatales, liderado por George Jepsen de Connecticut, se sumen al caso, dijo una persona con conocimiento del tema, quien no ha sido autorizada para discutirlo en público. Demandas anteriores de Connecticut e Illinois acusaron a S&P de violar las leyes de fraude a los consumidores al declarar que sus calificaciones eran objetivas, aún cuando ignoró los crecientes riesgos de los valores para servir a los bancos de inversión que brindaban ingresos a la compañía. El fiscal general de Nueva York sigue una investigación separada a la firma de calificaciones, dijo una persona con conocimiento de la investigación.