Países como Colombia señalan sin tapujos a sus delincuentes sexuales en muros y carteles. Pero los pioneros en la elaboración de listas de violadores fueron los californianos, a finales de la década de los cuarenta. 44 años después, EE UU aprobó una ley para el Registro de Violadores y Pederastas, que obligaba a todos los estados a disponer de esas listas. La norma se reforzó más tarde, en 1996, por la Ley Megan, en recuerdo de Megan Kanka, una niña de 7 años violada y asesinada en Nueva Jersey en 1994.

Esas disposiciones exigen que los condenados por violación (especialmente si son por abusos de menores) comuniquen a la Policía su domicilio y cualquier cambio de dirección al salir de la cárcel tras cumplir su pena. El registro es obligatorio, en algunos casos durante un cierto periodo de tiempo y en otros de por vida. La Policía tiene la obligación de entregar esta información a quien la solicite.

En 2006, el Gobierno norteamericano aprobó una nueva ley para la Protección y Seguridad de los Niños, que unificó criterios, creó un registro nacional, amplió los delitos que se incluyen en el registro e impuso mayores restricciones a los movimientos de las personas condenadas por abusos sexuales, al clasificarlas en tres categorías.

Los convictos de tercera clase, los más peligrosos, tienen que actualizar su localización cada tres meses; los de la segunda, cada seis, y los de la tercera, cada año. La omisión del registro puede suponer una nueva condena.

Los sistemas para comunicar a los vecinos la presencia de un condenado varían de estado a estado y puede ser desde la colocación de la lista en el Ayuntamiento o la comisaría más cercana al lugar donde se encuentra el violador o pederasta. Las posibilidades de comunicación se han ampliado en la era Internet y muchas asociaciones y organizaciones de padres tienen ahora páginas donde dan información con fotografía incluida del lugar de residencia de un pederasta en cualquier lugar del país.

La publicación de las listas no está exenta de polémica y un reciente informe científico, publicado por el Instituto de Justicia de Nueva Jersey, señala que 'la Ley Megan no tiene efecto alguno en la reducción del número de víctimas por abuso sexual'.