La Junta Militar egipcia publicó hoy el decreto ley respecto a la corrupción y el perjuicio a la vida política en el país, que podría impedir a exmiembros del partido de Hosni Mubarak concurrir a las próximas elecciones legislativas.

El esperado decreto, difundido por la agencia oficial de noticias egipcia Mena, prohíbe votar o presentarse como candidato a la Asamblea del Pueblo (Congreso) y de la Shura (Senado), así como a los Consejos Municipales, a cualquier persona que 'corrompa la vida política y dañe el interés del país'.

Esta decisión, exigida por los partidos políticos egipcios, se produce a siete días de las elecciones legislativas, previstas para el 28 de noviembre, y en medio de violentas protestas en el centro de El Cairo que han dejado en los últimos tres días al menos 23 muertos y más de un millar de heridos.

El decreto estipula que la prohibición del derecho de estas personas a votar o presentarse como candidato tendrá una duración máxima de 5 años desde la emisión de la sentencia. Asimismo, los acusados de corromper la vida política de Egipto o ser cómplices de ello no podrán pertenecer a ningún partido político, también durante como máximo 5 años.

Muchos miembros del disuelto Partido Nacional Democrático (PND) de Mubarak han formado después de la revolución egipcia partidos, mientras que otros se han integrado en diversas formaciones.

Desde hace meses los activistas y miembros de partidos políticos denuncian que los remanentes del antiguo régimen volvieran a entrar en el Parlamento, y desde el inicio de la campaña electoral han surgido diversas iniciativas para identificar a los llamados 'fulul' (remanentes).

Por otro lado, el decreto de ley publicado hoy también estipula otras sanciones como la dimisión de estas personas de cargos públicos de liderazgo y la anulación de su participación como miembros en la Asamblea del Pueblo y de la Shura o de los Consejos Municipales.

Además, les prohíbe desempeñar cualquier empleo público y ser miembros en los Consejos de Administración de cualquier empresa o institución sometida a las autoridades públicas, también durante un periodo máximo de 5 años.