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El Ejército de EE.UU. se enfrenta a un escándalo sobre asesinatos y atrocidades en Afganistán

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El Ejército de EE.UU. se enfrenta a un nuevo escándalo que implica a doce de sus soldados desplegados en Afganistán, de los que cinco son acusados de asesinar a civiles del país y algunos de guardarse partes mutiladas de cadáveres.

Hoy, a la luz de los nuevos documentos divulgados en las últimas horas por el propio cuerpo militar, el portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, calificó las acusaciones de "muy graves", aunque destacó que todavía "no están probadas".

Los cargos presentados contra los soldados revelan una supuesta trama de conspiración y detalles espeluznantes. El portavoz dijo que si las acusaciones son verdaderas, se trata de una "anomalía en términos de la conducta de nuestras fuerzas alrededor el mundo".

"No creo que esas acusaciones aquí contra unos pocos individuos son representativas del comportamiento o las actitudes de la fuerza entera", defendió.

A pesar de ello, reconoció que el caso "no ayuda a las percepciones de nuestras fuerzas en el mundo" y, sea cual sea lo finalmente demostrado sobre el caso, "el daño (a la imagen del Ejército) está hecho".

El caso salió a la luz pública en mayo sin una explicación de las circunstancias de las muertes de tres civiles afganos entre 2009 y 2010 en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, una de las más conflictivas del país y bastión tradicional de los insurgentes talibanes.

A principios de junio pasado, cinco de los soldados acusados fueron arrestados y se presentaron cargos contra otros siete en agosto. Sin embargo, todavía no se había dado una cuenta tan detallada de los hechos.

Según la nueva información divulgada, que medios de comunicación estadounidenses como CBS News han colgado hoy en sus web, el sargento Calvin Gibbs es el miembro de más alto rango del cuerpo acusado de "asesinato premeditado" de tres civiles afganos, cargos que también pesan sobre el soldado especialista Jeremy N. Morlock.

Los otros militares acusados de matar a civiles son Michael S. Wagnon II, Adam C. Winfield y Andrew H. Holmes, sobre quienes pende un cargo de "asesinato premeditado".

En total, estos cinco militares y otros siete, todos de la Brigada Quinta de la División de Infantería Segunda, se enfrentan a cargos por 76 delitos, que incluyen conspiración, falsas declaraciones, asaltos y el consumo de drogas ilegales, entre otros.

Seis de ellos se guardaron partes del cuerpo como un diente, un cráneo o huesos de dedos y piernas.

Varios de ellos también tomaron fotografías de los muertos y uno de ellos, Corey Moore, acuchilló a un cadáver, según informó hoy la cadena CNN.

Los asesinatos se cometieron supuestamente contra civiles de manera aleatoria y en diferentes ocasiones, en una especie de ataques sin objetivo militar con granadas y rifles.

Además, ocho de los acusados supuestamente golpearon y amenazaron a un soldado que intentaba informar sobre las malas conductas del grupo implicado en estos asaltos.

El caso volvió a poner en cuestión al Ejército de EE.UU. en una difícil guerra en Afganistán y recordó a otro ocurrido a principios de 2004 en su otra contienda en Irak, donde personal militar cometió torturas y abusos a prisioneros en la cárcel de Abu Grahib.

En Afganistán, la imagen de integridad de los soldados estadounidenses es también decisiva para completar la estrategia del general David Petraeus en el país.

Según el jefe de las tropas estadounidenses en Afganistán, la misión sólo puede terminar de manera exitosa si EE.UU. se gana a los afganos en el terreno para luchar de manera más efectiva contra la insurgencia relacionada con los talibanes.

Sin embargo, las repetidas muertes de civiles en Afganistán han debilitado la imagen del Ejército de Estados Unidos y esa estrategia de acercamiento a los locales.

Los soldados acusados se enfrentan en los próximos meses a audiencias antes del juicio que se espera para finales de este año en la base militar Lewis-McChord, en el estado de Washington, según el diario The Olympian.

Por el momento, tanto la acusación como la defensa tienen que presentar sus argumentaciones a un representante responsable de decidir si envía los casos a una corte marcial.

La máxima pena por los cargos de asesinato premeditado es cadena perpetua o la pena de muerte.