Un tribunal indio halló culpable de negligencia el lunes a la filial india de la firma estadounidense de químicos Union Carbide, mientras que siete de sus empleados, fueron condenados a dos años de prisión por uno de los peores accidentes industriales del mundo, que mató a miles de personas en 1984.

La planta de Union Carbide en la ciudad de Bhopal, en el norte del país, liberó gases tóxicos por accidente y el Gobierno dice que alrededor de 3.500 personas murieron como resultado. Los activistas dicen que 25.000 personas fallecieron inmediatamente después y en los años posteriores.

Siete ex empleados indios fueron sentenciados a dos años de prisión y multados con 100.000 rupias (unos 1.750 euros) en un juicio que los activistas han perseguido desde hace un cuarto de siglo. No obstante, los activistas dijeron que las sentencias eran demasiado leves.

El tribunal también ha multado a la ex unidad india de Union Carbide con 500.000 rupias.

Cientos de manifestantes, muchos con pancartas en las que se leía "colgad a los culpables" y "son los traidores de la nación", trataron de irrumpir en el juzgado, pero la policía los detuvo.

"Dejadnos pasar. Ellos pueden ser castigados, pero ¿qué pasa con nosotros? Somos tantos los que no hemos recibido ninguna compensación", dijo Shanta Bai, una víctima del gas.

Ram Prasad, un habitante de 75 años, dijo: "El castigo no es suficiente. Perdí a mi hijo y a mi hermano pequeño y mi padre y yo seguimos teniendo pesadillas".

Keshub Mahindra, actual presidente del principal fabricante de tractores y vehículos específicos Mahindra & Mahindra, fue la persona de más alto rango condenada el lunes. Era presidente de Union Carbide India, filial de Union Carbide, en el momento del accidente.

Los condenados pueden apelar ante un tribunal superior, un proceso que en India puede llevar años.

"No fue un castigo ejemplar que evite que otras corporaciones repitan el desastre de gas de Bhopal", dijo Rachna Dhingra, un activista de Bhopal. "No es nada de lo que podamos estar contentos", añadió.

El veredicto en Bhopal afecta sólo a las autoridades indias de la ex filial india de Union Carbide, mientras que se han presentado casos diferentes contra la compañía y sus responsables en el extranjero.

CAMBIOS REGULATORIOS

Es un caso de gran transcendencia en un país de 1.200 millones de personas, la mayoría pobres. Subraya los retos de cómo asegurar que las mejoras sanitarias y las regulaciones de seguridad mantienen el ritmo de la economía de rápido crecimiento, ahora la tercera mayor de Asia.

El legado del desastre de Bhopal acecha sobre un proyecto de ley estancado en el Parlamento indio que limitaría la responsabilidad de las empresas extranjeras que entren en el lucrativo mercado nuclear civil indio.

El veredicto de Bhopal se aplica sólo a los responsables indios de la división de Union Carbide en el país. Se han presentado otros casos contra la compañía y sus responsables extranjeros.

Union Carbide llegó a un acuerdo con el Gobierno indio por sus responsabilidades en 1989 al pagar 470 millones de dólares antes de que la adquiriera la compañía estadounidense Dow Chemical.

A primera hora del 3 de diciembre de 1984, cerca de 40 toneladas métricas del tóxico isocianato de metilo se filtraron a la atmósfera y el viento lo extendió a los barrios de chabolas situados en las inmediaciones.

Activistas y trabajadores sanitarios dicen que 100.000 personas que fueron expuestas al gas continúan sufriendo hoy las consecuencias.

Entre las enfermedades que padecen destacan el cáncer, la ceguera, dificultades respiratorias, desórdenes inmunológicos y neurológicos, y problemas reproductivos en las mujeres, además de defectos en los recién nacidos cuyas madres fueron afectadas.

"Un retraso en la justicia es prácticamente una negación de la justicia", dijo a periodistas el ministro de Justicia de India, M. Veerappa Moily. "Es muy trágico que haya llevado tanto tiempo tener un veredicto. Tenemos que abordar el asunto".

Los activistas dicen que miles de toneladas de desechos tóxicos no han sido adecuadamente eliminados en la fábrica de pesticidas ahora abandonada y que se filtran en las aguas subterráneas. El Gobierno niega que este agua esté contaminada.