El ex dirigente de CiU Macià Alavedra no es el único imputado en el caso Pretoria que guardaba parte de su dinero en el extranjero. El propietario de Espais, Lluis Casmitjana, que fue consejero delegado de Badalona Building Waterfront (BBW), ocultó en Andorra 300.000 euros, que no declaró a Hacienda y 'que pudieran proceder de las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica'.

Pese a que el empresario negó este dato ante el juez Baltasar Garzón, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional lo tiene muy en cuenta para rechazar el recurso presentado por Casamitjana contra la fianza de 500.000 euros que le impuso Garzón para evitar la cárcel.

Es el primero de los recursos de apelación presentado por los nueve primeros imputados en el caso Pretoria que ha resuelto la Sala de lo Penal. Todos ellos acudieron a la Sala para tratar de suavizar las medidas cautelares que les impuso Garzón el pasado 30 de octubre. La próxima impugnación en resolverse será la del principal imputado, el ex diputado del PSC Luis García, Luigi, que permanece en prisión junto al ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, después de que Alavedra y Lluís Prenafeta pagaran el millón que les impuso el juez como fianza.

Fuentes jurídicas señalaron que el recurso de Luigi será también rechazado. El auto que confirma la fianza impuesta a Casamitjana considera 'adecuada, cabal y ponderada' la aplicación que Garzón hizo en su auto de la ley, para evitar 'el claro riesgo de fuga, de reiteración delictiva, de destrucción de evidencias y de interferencias en la instrucción que supondría la puesta en libertad provisional, sin fianza o con fianza rebajada' del empresario. Según el tribunal, se han acumulado contra Casamitjana 'graves indicios de su posible participación en los delitos de asociación ilícita, blanqueo, tráfico de influencias y defraudación a la Haciencia Pública', cada uno de ellos penado con hasta seis años de cárcel.

'Todo ello señala el auto por desarrollar a través de sus empresas actividades tendentes a lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones ilegales, el fraude a Hacienda y el tráfico de influencias, aprovechando los cargos institucionales y los contactos políticos y empresariales de los componentes del grupo presuntamente delictivo investigado'.

Casamitjana forma parte del grupo como empresario, 'como administrador y principal dueño de Espais Promocions Inmobiliaries y Promotora Catalunya Mediterránea Procam'. Estas entidades compraron un solar recalificado en las inmediaciones del puerto deportivo de Badalona, a través de abonos irregulares de otros miembros de la trama. El tribunal añade que estos recibieron a su vez comisiones en proyectos posteriores de Casamitjana.