Empresas españolas invertirán 365 millones de euros en Ecuador para proyectos de desarrollo en el país andino, informó la Ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely.

La ministra detalló en rueda de prensa que el dinero se destinará a dos proyectos como desarrollar el aeropuerto de Manta (Pacífico Central) e incrementar el comercio entre Latinoamérica, Asia y Europa, con Madrid como un nuevo centro de operaciones.

Esta iniciativa se englobaría dentro de un proyecto del ejecutivo ecuatoriano para desarrollar la zona de Manta, con mejora de las infraestructuras del puerto de esta ciudad para que la puerta entre el mercado de Sudamérica y Asia.

Además, conjuntamente con Brasil, Ecuador construye la carretera Manos-Manta para conectar ambas naciones y agilizar las relaciones comerciales entre el país carioca y Asia.

El otro proyecto acordado con empresas españolas tendría un coste de 350 millones de euros para el desarrollo de energías renovables en Ecuador, como por ejemplo el biocombusibte, y potenciar el turismo en el país andino, concretamente, en la zona de Santa Elena (Pacífico).

Por su parte, Francia podría invertir alrededor de 300 millones de euros en proyectos de mejoramiento de infraestructuras civiles, pero no detalló de que se obras se tratarían.

La ministra puntualizó que no han llegado a "concretar cifras exactas" de los proyectos porque se están realizando con sectores privados y no gubernamentales.

Cely dijo que su gira por España y Francias también sirvió para explicar las nuevas políticas inversionistas del país.

Ecuador está revisando los tratados de inversión vigentes porque la nueva constitución, aprobada en 2008, no acepta como árbitro válido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que hasta ahora era el órgano que había regulado las relaciones de inversión de Quito con otros países.

La ministra remarcó que la nueva constitución prefiere cualquier tipo de inversión que, sobre todo si es extranjera, promueva la transferencia de tecnologías, la innovación y que respete la ética empresarial, el medio ambiente, los derechos laborales y el pago de los impuestos.