Hoy entra en vigor en Italia la nueva ley sobre seguridad aprobada por el Parlamento y promovida por el Gobierno, que contempla la inmigración ilegal como delito y que establece la posibilidad de que los ciudadanos voluntarios autorizados patrullen las calles del país.

La polémica que generó entre la clase política su aprobación en el Parlamento, el pasado 2 de julio, no ha cesado, sobre todo, en lo que respecta a las llamadas 'rondas de ciudadanos', sobre las que algunos alcaldes se han mostrado contrarios.

Según ha informado la prensa, en el norte de Italia, existe una amplia mayoría de Ayuntamientos que se muestran dispuestos a promover las rondas de seguridad de voluntarios, mientras que el centro y en el sur son más escépticos.

Y es que hay quien, a pesar de que el Ejecutivo excluyera ningún tipo de referencia ideológica, no olvida la 'Guardia Nacional Italiana', la iniciativa de patrullas voluntarias promovida por la formación de ultraderecha Movimiento Social Italiano-Derecha Nacional (MSI-DN), heredera del prohibido Partido Fascista, que fue presentada el pasado 13 de junio.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, del conservador partido Liga Norte (LN), de corte federalista y con tintes racistas, ha defendido en una entrevista publicada el viernes en el diario milanés 'Corriere della Sera' su iniciativa de las rondas ciudadanas y ha anunciado que se plantea, incluso, rebajar la edad mínima para participar en ellas de los 25 a los 18 años.

Por el momento, en Milán abrió a finales del pasado julio una escuela para formar a los voluntarios que deseen patrullar las calles del país y, hasta ahora, han recibido unas 50 solicitudes de preinscripción, que deben ir acompañadas de un certificado psicológico de la seguridad social del país.

En Roma, las rondas ciudadanas, que estarán en contacto con la Policía mediante un dispositivo electrónico, no comenzarán a patrullar hasta octubre, en un proceso de aplicación progresivo que les llevará primero a los grandes parques públicos como Villa Borghese o Villa Ada, según explicó ayer el presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento capitalino, Fabrizio Santori.

Más allá de las rondas ciudadanas, la otra gran cuestión de la nueva ley de seguridad es el delito de inmigración ilegal, que no conllevará penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión, y con la que se obliga a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados -los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación-.

El Gobierno de Berlusconi ha pedido que se abstengan de denunciar a las asistentas de hogar y cuidadores de ancianos que no hayan regularizado su situación en el país, para darles tiempo a que puedan conseguir el permiso de residencia y no sufran las consecuencias de la ley las familias italianas.