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Entra en vigor la ley italiana que permite rondas ciudadanas y tipifica la inmigración ilegal como delito

Entra en vigor el 'Paquete de seguridad' impulsado por el ministro ultraderechista Maroni que entiende la inmigración clandestina como delito y que implica multas de hasta 10.000 y la expulsión del país

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Las rondas de ciudadanos para vigilar las calles italianas y la tipificación como delito de la inmigración clandestina forman parte de las medidas incluidas en la nueva ley sobre seguridad que entra hoy en vigor en Italia.

La norma, conocida como 'paquete de seguridad', fue aprobada por el Parlamento el pasado 2 de julio, no sin polémicas, ya que la introducción del delito de inmigración clandestina encajó las críticas de la oposición, de la Iglesia e incluso del presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano. Mientras la introducción de las rondas ciudadanas fue desaprobada por algunos alcaldes de diferentes ciudades, sobre todo en el sur del país.

En materia de inmigración la nueva ley prevé multas de entre 5.000 y 10.000 euros a los inmigrantes sin papeles, que deberán afrontar un proceso en el que podrán ser expulsados de Italia de forma directa.

Se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de sesenta días, y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas.

Este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Diputados, ya que la oposición advirtió del riesgo de que algunas madres no pudieran inscribir en el censo a sus hijos, al carecer de documentos.

La nueva disposición también contempla penas de cárcel de entre seis meses y tres años para aquellos italianos que alquilen una casa a inmigrantes indocumentados, y endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio con un ciudadano de este país.

Otro de los puntos que ha provocado mayor polémica de esta nueva ley ha sido la introducción de rondas ciudadanas.

Entre la reglamentación que estudia el Ejecutivo italiano para estos grupos de vigilancia ciudadanos se contempla que no puedan estar formados por más de tres personas, que no podrán ir armados, ni llevar perros con correa.

Asimismo, el voluntario que desee patrullar las calles de Italia no podrá tener antecedentes penales, deberá declarar no consumir ni alcohol, ni drogas, ni pertenecer a ningún partido político, y tendrá que aportar un certificado psicológico de la seguridad social.