El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridau, dijo hoy que ha presentado 570 enmiendas a los presupuestos para 2011 por valor de 3.000 millones de euros para "ayudar al Gobierno a cambiar el estilo de juego".

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, Ridau dijo que las enmiendas de ERC va dirigidas a mejorar la política social, a conseguir una fiscalidad "progresiva y equitativa" y mejorar la inversión productiva en infraestructuras, especialmente para Cataluña.

En este sentido, ERC propone 311 inversiones territoriales que suponen 1,63 millones de euros.

Son enmiendas que intentan paliar unas cuentas públicas para 2011 "que renuncian a una salida social a la crisis", señaló.

Ridao se refirió a la enmienda conjunta de los grupos, (excepto PSOE, PNV y CC) para que se suprima la congelación de las pensiones y acusó al Gobierno de no respetar "las reglas del juego", despreciar al Parlamento y hacer "caso omiso" a lo que obliga el Pacto de Toledo.

En materia de política social, dijo que ERC también ha intentado corregir algunos aspectos para mantener el compromiso de gasto en aplicación de la ley de dependencia, restituir los 400 millones originales al fondo de inmigración o incrementar las partidas de atención a las familias y aumentar en 10 millones el plan de acción para discapacitados.

En materia fiscal, entre otras cuestiones, reivindica un nuevo tramo en la tarifa general para las bases liquidables superiores a 100.000 euros anuales, con un gravamen a un tipo marginal del 50% porque entiende que los contribuyentes que perciben retribuciones de elevada cuantía pueden hacer un esfuerzo suplementario.

También un gravamen extraordinario por la participación en beneficios superiores a 30.000 euros anuales con vigencia limitada al periodo 2010-2012 y la supresión del trato fiscal favorable a las SICAV "que no se soluciona con los presentes presupuestos".

ERC demanda, además, que se recupere el Impuesto de Patrimonio para los contribuyentes que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a un millón de euros, lo que permitiría ingresar al Estado unos 1.500 millones de euros anuales.