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Los ERE se disparan un 55% hasta julio

Los ajustes de plantilla por motivos económicos se duplican en siete meses, tras las facilidades introducidas por la reforma laboral del Gobierno.

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La reforma laboral que aprobó el Gobierno a comienzos de año ha disparado los despidos y los ajustes de plantilla en las empresas. El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas (con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya no hace falta autorización) aumentó un 55,3% en los siete primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2011.

En concreto, un total de 271.835 trabajadores se vieron afectados por un ERE hasta julio, frente a los 174.964 trabajadores de los siete primeros meses de 2011, según los datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo. El número de expedientes de regulación de empleo aumentaron un 72,4%, hasta sumar 19.879

Los ERE en los que se alegaron causas económicas (problemas de tesorería o financiación, restricción de contratos, quiebra, deudas o suspensión de pagos, baja productividad o aplicación de medidas económicas) se dispararon un 111% en los siete primeros meses en relación al mismo periodo de 2011, hasta sumar 14.220 expedientes. Este tipo de ERE suponen 7 de cada diez que se han presentado hasta julio. Por causas técnicas se autorizaron 175 expedientes, un 27,9% menos, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 5.221 expedientes, con un crecimiento interanual del 22,2%. Por fuerza mayor hubo 226 ERE, un 18,4% menos que en los siete primeros meses de 2011.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario. No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

La mayor parte de los trabajadores que se vieron inmersos en un ERE durante los siete primeros meses desempeñaba su actividad en la industria (146.222, casi un 50% más que en igual periodo de 2011) y los servicios (93.825, +70,5%). En la construcción, los afectados ascendían a 29.636 (+45,1%) y en la agricultura, a 2.152 (+15,9%).