El sindicato de la Ertzaintza ERNE ha demandado la "máxima seguridad" para las personas amenazadas por ETA aunque el departamento de Interior del Gobierno vasco reorganice el servicio de escoltas, tanto públicos como privados.

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha informado hoy de que el servicio de escoltas se reorganizará de acuerdo con una evaluación de riesgos para "ser más operativos" y proteger a las personas que "objetivamente tienen riesgo".

Ares ha dado esta explicación después de que la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco haya denunciado hoy la retirada de protección a más de cincuenta cargos políticos, empresarios y periodistas vascos por parte del Ministerio del Interior y la consejería vasca de Interior.

En una rueda de prensa en Bilbao, el consejero ha explicado que dicha evaluación de riesgos se realiza periódicamente y que la de ahora se lleva a cabo "en contacto con los colectivos afectados", entre los que ha citado a los partidos políticos, la judicatura y las empresas.

Ares ha argumentado que la evaluación tiene en cuenta la amenaza terrorista y los cambios en la vida de los protegidos, puesto que algunos han abandonado la "responsabilidad institucional o política" que tenían cuando se les asignó escolta.

Fuentes de ERNE, sindicato mayoritario en la Ertzaintza, han explicado a Efe que la retirada o reducción del número de escoltas a personas que se considera que actualmente tienen un riesgo menor de sufrir un atentado no supondrá un aumento de los efectivos de la Policía vasca para atender labores de seguridad ciudadana, ya que los agentes que dejen de hacer de escoltas se dedicarán a hacer "contravigilancias" para evitar atentados.

ERNE, que ha demandado que no se reduzcan los escoltas "si no hay motivos" para ello, ha considerado que se debería ampliar la plantilla de la Ertzaintza y reestructurarla para que la Policía vasca pueda cumplir con todas sus funciones, tanto en seguridad ciudadana como en la lucha antiterrorista.