España ha defendido hoy un sistema de control a todas las flotas que faenan en aguas de la UE "sin discriminación" para evitar la pesca ilegal, al contrario que otros países comunitarios, que quieren un mejor trato para sus barcos y que las exigencias sean mayores para los buques de países terceros.

Los ministros de Pesca de la UE han debatido sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) para luchar contra la entrada de productos pesqueros obtenidos ilegalmente, con medidas como el requisito de certificados a los barcos, productos pesqueros o una lista negra de buques que no cumplen con las reglas.

Durante el debate, un numeroso grupo de países han mostrado reticencias a las reglas que propone Bruselas y han pedido exenciones y ha sido España el país más favorable a los requisitos que la CE pretende implantar a las flotas y a los operadores pesqueros, según fuentes comunitarias.

"La posición española es clara; la pesca ilegal es una lacra en el mundo y para que este reglamento tenga credibilidad debe aplicarse sin discriminación a todos los barcos que faenen en aguas comunitarias", ha declarado a Efe el secretario general de Pesca en funciones, Juan Carlos Martín Fragueiro.

En concreto, la propuesta de Bruselas plantea exigir un certificado a aquellos barcos que descargan en la UE o a los países suministradores, para demostrar que el pescado o marisco ha sido obtenido legalmente; esta acreditación deberá estar avalada por el Estado de donde sea el pabellón del buque que ha pescado.

España y Alemania han respaldado la idea de la CE: "Entendemos que si se discrimina entre unos barcos y otros la reglamentación tendrá poca aplicación práctica", ha resaltado Martín Fragueiro.

Sin embargo, países con barcos pesqueros y flotas de diversa índole como Dinamarca, Chipre, Estonia, Letonia, Bulgaria, Lituania y Finlandia, han rechazado el proyecto de Bruselas y se han mostrado reticentes a que sus embarcaciones o las europeas sean igual de controladas que los buques no comunitarios.

Otros estados como Polonia, Holanda o Bélgica se han quejado de que los sistemas de control que pretende la CE son costosos y altamente burocráticos.

El secretario de Pesca español ha afirmado que a la hora de implantar los certificados puede "haber cooperación con países terceros" y ha añadido que se habla de una aplicación "progresiva" del reglamento para que la certificación sea exigible un año después.

Por otro lado, Bruselas ha propuesto elaborar una lista de barcos autorizados y otra "lista negra" o relación de países que no cooperan contra la pesca ilegal.

La CE plantea también unificar las sanciones a los operadores o barcos que operan ilegalmente y en este sentido, España considera que "debe existir una armonización por todos los Estados y graduarse el importe de la multa en función de la gravedad de la falta cometida", según Martín Fragueiro.

Según el proyecto de Bruselas, se habla de sanciones que podrían ir de los 300.000 a los 500.000 euros.