Las empresas que quieran poner en marcha proyectos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) en España deberán presentar una garantía financiera que cubra cualquier posible incidencia, y certificar su seguridad durante 20 años, una vez que el depósito subterráneo se haya llenado y sellado.

Transcurrido este tiempo los almacenes pasarían a titularidad estatal, según establece el anteproyecto de Ley sobre almacenamiento geológico de carbono, presentado ayer y que estará accesible hasta el 30 de septiembre para consulta pública y presentación de alegaciones. Asimismo, el Gobierno creará un fondo de seguimiento de lugares de almacenamiento de CO2 para atender los costes que garanticen que el gas permanece completamente confinado tras la transferencia de responsabilidad.

La captura de CO2 está indicada especialmente para industrias como la siderúrgica, refino o cementeras, así como para centrales térmicas de carbón, ya que sus procesos industriales generan CO2, un gas de efecto invernadero. El almacenamiento de este gas consiste en inyectarlo en pozos subterráneos, que pueden ser antiguos yacimientos de petróleo o gas, o cavidades en rocas estables del subsuelo.

El Instituto Geológico y Minero de España investiga cuáles son los lugares idóneos para almacenar este CO2. Además, la captura y el almacén no tienen por qué estar en el mismo lugar, ya que 'al igual que hay tuberías que transportan gas natural, podría haber tuberías que transportasen el CO2', explicó ayer la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, tras la presentación del anteproyecto. Por el momento, en España sólo hay un proyecto en estudio de esta tecnología, en El Bierzo (León).

Las empresas que deseen capturar y almacenar el CO2 deberán contar con un permiso de investigación, la concesión oportuna otorgada por el Ministerio de Industria, un informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y un informe preceptivo de la comunidad autónoma donde se vaya a instalar, según recoge el texto legal. Además, serán las comunidades las encargadas de realizar inspecciones rutinarias, al menos una vez al año, para comprobar la seguridad del emplazamiento.

Las empresas, que pueden ser de titularidad extranjera, deberán demostrar su solvencia técnica y financiera, y la concesión sólo se otorgará para almacenar CO2, ningún otro gas. La sanción máxima prevista en el anteproyecto es de cinco millones de euros.

Ribera considera que esta tecnología no va a incentivar la vuelta al carbón en Europa, pero sí que será una buena herramienta para países emergentes que tienen un mix energético con alto porcentaje de carbón, como por ejemplo China, y que podrán seguir desarrollándose y proteger el clima.

Por otra parte, ayer también salió a consulta pública hasta el 30 de septiembre el anteproyecto de Ley de régimen de comercio de derechos de emisión, en el que se incorpora el sector de la aviación, junto a la industria del aluminio, cobre, zinc, y secado y calcinado de yeso.

Las emisiones concedidas a las compañías aéreas con despegue y aterrizaje en la UE tendrán en cuenta las horas de vuelo, si los trayectos son de larga, media o corta distancia, el tipo de motor y el combustible que consume. Los vuelos entre islas quedan excluidos, y se permitirá repercutir en el precio de los billetes el sobrecoste por emisiones.

A partir de 2013 desaparecen los planes nacionales de asignación de derechos de emisiones y para la producción eléctrica serán por subasta, mientras que los sectores industriales tendrán asignación gratuita transitoria.

Los ingresos de las subastas deberán dedicarse íntegramente a proyectos de lucha contra el cambio climático, incluyendo cooperación internacional con países en desarrollo, según el anteproyecto de Ley.