El Gobierno ha encargado al representante permanente de España en la ONU que trabaje intensamente en el seno de esta organización para impulsar "un mecanismo de disuasión y combate de la piratería en aguas del Océano Índico".

Esta iniciativa es explicada por el Gobierno en un comunicado en el que informa de las últimas actuaciones diplomáticas para conseguir la liberación de los tripulantes del pesquero "Playa de Bakio", que se encuentran secuestrados en Somalia.

El Ejecutivo defiende que se impulse en la ONU "un potente y eficaz sistema colectivo de seguridad" en el Océano Índico, y, para conseguirlo, está en contacto con las autoridades de países especialmente interesados, como Francia, Estados Unidos y otros socios europeos y africanos.

El objetivo es adoptar una resolución y definir de manera concreta la línea de actuación más adecuada en el seno de Naciones Unidas.

El dispositivo tendría una misión de vigilancia y control de las zonas marítimas en las que se registran estos actos de piratería, y, en principio, su función sería disuasoria ante quienes perturban la seguridad y libertad de circulación marítima.

La regulación incluiría igualmente, según el Gobierno, un mecanismo de cooperación entre Estados para que se persiga y, en su caso, se extradite a las personas que incurran en actos de piratería.

El Ejecutivo asegura que sigue en contacto permanente con los familiares de los marineros secuestrados, así como con las autoridades somalíes y los países de influencia en la zona, mientras que responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino continúan hablando de forma regular con la empresa armadora.