Mientras Estados Unidos actúa, España se queda, de momento, de brazos cruzados. El Gobierno de Barack Obama parece decidido a poner coto a los bonus escandalosos. Al menos, a los cobrados por los directivos de empresas que hayan recibido inyecciones multimillonarias (700.000 millones de dólares, en total) de dinero público para evitar su naufragio. La semana pasada, Kenneth Feinberg, nombrado en junio para revisar el sistema de remuneraciones de esas compañías, propuso recortar un 50%, de media, los sueldos de estos ejecutivos, lo que dejaría los emolumentos de la mayoría de ellos por debajo del medio millón de dólares al año. Lo más preocupante para Wall Street es que Feinberg, conocido como El Zar de los Salarios, apoya extender esa limitación al resto de las firmas cotizadas.

A su propuesta (que no será retroactiva) se une el reciente anuncio del presidente de la Fed, Ben Bernanke, que investigará cómo determinan los salarios los 28 principales bancos del país, aunque no propondrá topes salariales ni prohibirá prácticas concretas, ya que 'una talla única' no sirve para cada situación.

EEUU reducirá un 50% los pagos a los directivos de firmas intervenidas

En las reuniones del G-20 celebradas tras el estallido de la crisis financiera, EEUU estuvo entre los países más reacios a limitar los bonus de los ejecutivos. Sin embargo, la suya es, de momento, la iniciativa más concreta y ambiciosa que se ha presentado. Francia y Alemania también preparan nuevas regulaciones contra los supersueldos, aunque de momento son más las declaraciones de advertencia y de llamamiento a la cordura que las medidas concretas.

Esos movimientos contrastan con la tibieza de España, donde no hay ni advertencias contra los excesos salariales ni se está trabajando en ninguna regulación específica. Un portavoz del Ministerio de Economía indicó que 'no hay ningún tipo de plan para bajar el sueldo de los directivos de las entidades bancarias', que, recordó, no han recibido ayudas públicas. Los bancos españoles se han garantizado 200.000 millones de euros en avales estatales, pero, según Economía, 'eso no es ningún regalo: de hecho, el Estado ha ingresado ya más de 1.000 millones con las comisiones' que cobra a las entidades por esas emisiones de deuda.

La Fed analizará cómo determinan los salarios los 28 mayores bancos

El propio secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, declaró a Público, en una reciente entrevista, que el anuncio de que el ex consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, recibirá una pensión anual vitalicia de 3 millones de euros 'no es noticia' porque había sido aprobada y publicada con anterioridad. Campa defendió el derecho de los bancos a establecer las remuneraciones que consideren oportunas y dijo que, en todo caso, debería ser el Banco de España el que interviniese en caso de que la fijación de retribuciones represente una amenaza para la solvencia de las entidades.

En la misma dirección, fuentes de Economía recuerdan que 'hay un supervisor en el sector financiero [el Banco de España] que vigila la solvencia de las compañías y a qué destinan su capital; y, en su caso, si está en peligro su solvencia'.

El organismo que preside Miguel Fernández Ordóñez, que, en sus intervenciones oficiales, nunca ha hecho mención a los sueldos de la banca, devuelve la pelota a Economía. 'La normativa no la hace el Banco de España', dicen en el supervisor y recuerdan que este asunto 'se está discutiendo en el G-20'. Economía asegura que el Gobierno está 'coordinado con el G-20 y el Ecofin' (los ministros de Finanzas de la UE). En su reunión de Pittsburgh, el pasado septiembre, el G-20 pidió que las políticas retributivas de la banca estén ligadas al largo plazo y abrió la puerta a que los multimillonarios bonus plurianuales que cobran los banqueros puedan revocarse si la entidad marcha peor de lo previsto.

En la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales que el G-20 celebrará el próximo noviembre en Saint Andrews (Escocia), el Foro de Estabilidad Financiera (responsable de coordinar la implementación de los compromisos del G-20) presentará un documento con nuevas recomendaciones en materia de retribuciones.

El PP, por su parte, declinó explicar a Público su postura sobre este asunto.