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España se resiste a acabar con sus bombas de racimo

El Gobierno defiende a las empresas de armas en un tratado internacional contra esta munición

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El Gobierno de España mantiene sus reservas a la eliminación total de la fabricación, almacenamiento y uso de las bombas de racimo. La próxima semana tendrá lugar en Dublín (Irlanda) la última conferencia internacional del Proceso de Oslo, que pretende lograr la firma de un tratado similar al consensuado por 170 países hace una década para acabar con las minas antipersonales. Las ONG Greenpeace y Fundació per la Pau denunciaron ayer que España (productor de estos explosivos) protege la postura de las empresas armamentísticas.

Los reparos del Gobierno lo sitúan junto a los principales países productores de estas bombas (llamadas de dispersión). Son China, EEUU, Alemania o Brasil, frente a otros que ya se han postulado por su eliminación total como Noruega, Austria o Bélgica.

Las modernas son seguras

Los gobiernos de los países donde hay fabricantes pretenden aprobar un tratado que elimine las bombas antiguas, pero no las actuales. Según ellos, los artefactos modernos son seguros. Greenpeace y la Fundació per la Pau denuncian que esa excepción evitaría el 'estigma' necesario sobre esta munición tan mortífera con los civiles y se seguiría utilizando. 'No hay bombas de racimo buenas o malas, como tampoco había minas antipersona más o menos destructivas', resume Mabel González, de la ONG ecopacifista.

Las bombas de racimo fueron lanzadas por última vez en Líbano en 2006. El ejército israelí bombardeó con cuatro millones de pequeños artefactos de fabricación estadounidense e israelí las ciudades libanesas. Un millón de ellas no explotaron. Una misión de la ONU, en la que paradójicamente participa España, se encarga ahora de limpiar estos explosivos. Sin embargo, muchos niños de la zona caen en la trampa de coger un artefacto brillante del tamaño de una mano como si fuera un juguete. La consecuencia inevitable es la amputación de la mano.

Si el Gobierno no apoya definitivamente la firma de un tratado que acabe por completo con esta munición, estará, además, incumpliendo su propio compromiso legal. La 'Ley de control del comercio exterior de material de defensa y doble uso', aprobada el año pasado, obliga al Ejecutivo a promover aquellos tratados internacionales en contra de 'todos los tipos' de bombas de racimo, según el texto.

En la última reunión que mantuvieron las ONG con el Gobierno socialista, los responsables del Ministerio de Exteriores les trasladaron que su pretensión era promover un tratado blando para obtener el máximo consenso internacional posible. Las ONG creen que una puerta abierta a un tipo de bombas de racimo supone la continuidad de su uso.