El próximo viernes 30 de julio se cumple un año del último atentado mortal de ETA, que costó la vida en Mallorca a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun. En esos doce meses, la banda ha sido descabezada hasta en dos ocasiones, la disidencia en las cárceles ha ido en aumento y su entorno político ha dado indicios de que desea un cambio de rumbo.

La ausencia de atentados mortales en un año, sin contar el asesinato del policía francés Jean-Serge Nerin en un tiroteo con miembros de ETA el pasado 16 de marzo, coincide con movimientos en la izquierda abertzale y rumores insistentes de una inminente declaración de alto el fuego por parte de la banda.

"Que sepan que no nos chupamos el dedo", resumía hace unas semanas el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que advertía de que ya no valen treguas temporales, sino el abandono definitivo de las armas.

Para Rubalcaba, si ETA no ha atentado en el último año es porque "no ha podido", no porque no haya querido, al tiempo que dejaba claro que las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen "con la guardia permanentemente alta".

De hecho, el propio titular de Interior había alertado de que ETA podría intentar un secuestro o un atentado de gran repercusión aprovechando el foco de la presidencia española de la Unión Europa.

Al final, ese temido atentado no se ha producido, lo que sólo se explica, según los expertos antiterroristas consultados por Efe, por la "extrema debilidad" operativa de la banda, que ha visto caer a su cúpula una y otra vez, mientras sus militantes eran detenidos incluso antes de que comenzaran a atentar.

En mayo pasado caía el último 'número uno' de ETA, Mikel Carrera, alias "Ata", en compañía de quien teóricamente debía sustituirle cuando fuera detenido, Arkaitz Agirregabiria.

Con esta operación se conseguía poner entre rejas al último miembro del comité de dirección de la banda que decidió romper la tregua con el atentado de la T-4 y que aún no había sido detenido.

El desmantelamiento de la fábrica de bombas en la localidad portuguesa de Óbidos en el mes de febrero también supuso un durísimo golpe para la banda, que confiaba en poder escapar del acoso policial en España y Francia.

En el frente político, el cerco policial y judicial también se ha cerrado un poco más, con la detención en octubre de siete destacados miembros de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, cuando planeaban "renovar" la Mesa Nacional de la formación ilegalizada.

Con Otegi en prisión, la izquierda abertzale ha buscado algo de oxígeno suscribiendo un acuerdo conjunto en el que se establece como objetivo común la creación de un Estado vasco independiente mediante la desaparición de "todo tipo de violencias", aunque sin citar a ETA.

Al hilo de estos tímidos avances en el entorno político de ETA, algunas voces, como la del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, han propuesto que se abra el debate sobre una posible legalización de Batasuna, como paso previo para una "futura reconciliación de Euskadi".

Iniciativa rechazada por el Ministerio del Interior y el propio lehendakari, Patxi López, que ha asegurado que no está dispuesto a preparar una "pista de aterrizaje" para una izquierda abertzale que sigue sin romper con ETA.

La posibilidad de una listas conjuntas entre Batasuna y Eusko Alkartasuna también ha sido cortado de raíz por Pérez Rubalcaba, que ha asegurado que el Estado frenará cualquier intento de acceder a las instituciones "por la puerta de atrás".

A los movimientos del entorno de ETA se suma la creciente disidencia en el colectivo de presos etarras.

Instituciones Penitenciarias ha ido agrupando en las prisiones de Zuera (Zaragoza), Villabona (Asturias) y en Nanclares de Oca, en Álava, a un nutrido grupo de reclusos que han roto la disciplina con la banda o que directamente han sido expulsados de ETA.

Algunos de los internos de Nanclares ya disfrutan de ciertos beneficios penitenciarios y pueden salir de prisión para estudiar o trabajar, lo que ha generado la airada crítica de los colectivos de víctimas del terrorismo, que han reclamado transparencia al Gobierno.

"En Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA, porque todos los que están no están en ETA", se ha limitado a responder Rubalcaba, que ha subrayado que lo que se hace en este centro penitenciario es "estrictamente, cumplir la ley y nada más que la ley".