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Euskadi reitera que pagará la extra a sus funcionarios el 20 de diciembre

El Ejecutivo autonómico en funciones señala que la decisión del Gobierno central de presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional no alterará los pagos

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El Gobierno vasco en funciones reitera su voluntad de abonar la paga extra de Navidad a sus funcionarios 'en tiempo y forma' y asegura que está trabajando en ello, según manifiestan fuentes del Ejecutivo a Europa Press. Las mismas fuentes han añadido que se están realizando los trámites habituales que se llevan a cabo los meses de diciembre de cada año para abonar las retribuciones de los funcionarios, lo que incluye la paga extra.

En este sentido, han señalado que no se van a variar plazos en ese procedimiento por la decisión del Gobierno central de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la pretensión del Gobierno vasco de abonar la paga extra de Navidad a sus funcionarios. Precisamente, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, precisó este jueves que el Tribunal Constitucional (TC) no podrá suspender de forma cautelar la percepción de la remuneración extraordinaria de Navidad por parte de los funcionarios del Gobierno vasco si éste da la orden de pago antes de que el alto tribunal se reúna para pronunciarse al respecto, lo que está previsto entre el martes y el jueves próximo.

El Gobierno vasco ha insistido en que van a continuar con los trámites y que ese conflicto de competencias planteado por el Gobierno central no va a modificar el procedimiento habitual, por el que los funcionarios perciben su paga extra en torno al 20 de diciembre. 'La voluntad de este Gobierno es realizar el pago de la paga extra', han añadido las mismas fuentes, que no han precisado el plazo previsto para ejecutar la orden de pago.

El Ejecutivo ha destacado que cuentan con un informe jurídico que 'avala' la decisión de abonar la paga extra de Navidad, que el Gobierno central decidió que fuera suprimida. El Gobierno vasco ha insistido en que es una decisión adoptada 'conforme a derecho' y ha asegurado que el Tribunal Constitucional decidirá lo que crea 'conveniente'.