El titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, acordó hoy dejar en libertad con cargos y sin fianza al ex consejero del Gobierno de Murcia Francisco Marqués, al que le imputa los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

Marqués fue detenido el miércoles 4 en Madrid, estando de viaje de trabajo, por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Desde entonces había permanecido en los calabozos de la Comisaría de Murcia.

Su detención se relacionaba con el caso abierto en 2007 por presuntas irregularidades en la tramitación urbanística de la finca "La Zerrichera", situada en Águilas, parte de la cual está protegida por normas medioambientales de la Unión Europea, donde se pretendía construir un complejo residencial con 4.000 viviendas y campo de golf.

Marqués, que presentaba aspecto cansado después de haber pasado tres noches en los calabozos de Comisaría, prestó declaración ante el juez Alcázar y el fiscal superior del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, durante más de cinco horas.

Al terminar, su abogado, el catedrático de penal Jaime Peris, adelantó a los medios de comunicación que esperaban su salida que el juez había ordenado su puesta en libertad sin fianza, con los cargos de delito de blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación.

Además deberá presentarse una vez al mes ante el juez, que le retira el pasaporte, que sólo podrá usar si se trata de viaje de trabajo.

Al salir, el que fue durante diez años responsable autonómico, no quiso hacer declaraciones y solo señaló que había sido "bien tratado" y que iba a continuar con su trabajo en el grupo de distribución farmacéutico Hefame, donde es director general. "Si, por supuesto, el juez no determina otra cosa", agregó.

Vestido de oscuro, Marqués portaba en la mano una bolsa de plástico con la camisa que utilizó ayer para acudir al juzgado, aunque el trabajo propio de la guardia del juez impidió que prestara declaración.

Los cargos imputados a Marqués (Valladolid, 1960) derivan de su actuación en su última etapa como consejero de Medio Ambiente, antes de dejar la actividad pública.

Entró en el PP muy joven y fue concejal de Fuente Álamo, para después pasar a la administración regional en el primer gobierno del PP en 1995 como director general de Función Pública, desde donde pasó a ser consejero de Sanidad (1996-2003) y a la delegación del Gobierno, donde estuvo sólo 45 días al ganar el PSOE las elecciones generales.

La investigación sobre el ex consejero se inició a raíz de la denuncia de los grupos Anse y Ecologistas en Acción y del PSOE, en 2007, tras la recalificación de la finca La Zerrichera.

A raíz de las investigaciones están imputados por delitos de prevaricación y cohecho, entre otros, tres altos cargos de la consejería de Medio Ambiente, de la época en que ésta era dirigida por Marqués, y dos de la de Obras Públicas y Vivienda, cuando era su consejero Joaquín Bascuñana.

También lo están el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, y un concejal de este ayuntamiento, ambos del PP, y el promotor del complejo urbanístico que se pretendía construir, Trinitario Casanova.

La investigación sobre la presunta relación de Marqués con la urbanización de La Zerrichera fue realizada por agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, que tras la detención del ex consejero realizaron registros en seis viviendas situadas en Murcia, Águilas, Valencia, Madrid y Alicante.

Además de documentación, los policías localizaron, en el trastero de la vivienda del ex consejero en Murcia, unos 45.000 euros en billetes de 500. También se ha investigado su presunta relación con sociedades mercantiles, tanto en España como en el extranjero.