Miami (EE.UU.), 5 feb (EFE) - Una ex empleada de Alejandro Sanz acusada de chantajear al cantante español solicitará la próxima semana al nuevo juez del caso que desestime el cargo de extorsión presentado en su contra por la fiscalía.

Sylvia Helena Alzate, de origen colombiano, someterá la próxima semana ante el juez Israel Reyes una moción con esa petición, informó su abogado, Lonnie Richardson, al magistrado en una breve audiencia hoy en un tribunal del condado de Miami-Dade (Florida).

Alzate y su esposo Carlos González, cubanoamericano, quienes trabajaron en la residencia del artista en Miami Beach, se enfrentan a un cargo de extorsión por presuntamente exigirle 500.000 dólares para no divulgar asuntos personales del intérprete.

Esta es la segunda vez que Alzate pide que se desestime la acusación, ya que en noviembre de 2006 introdujo la moción ante la jueza Rosa Rodríguez, pero la magistrada no pudo pronunciarse al ser recusada por la Fiscalía Estatal.

Richardson tiene de plazo hasta el 15 de febrero para presentar el recurso y la Fiscalía Estatal deberá responder el 19. Tanto la moción como los alegatos de los fiscales serán analizados en una vista judicial fijada para el 22 de febrero.

"Ustedes escucharon los comentarios de la jueza (Rodríguez) que teníamos antes: que todos esos cargos no tenían sustento y que probablemente debieron ser dejados a un lado", declaró Richardson a periodistas al culminar la audiencia.

"Ahora presentaremos la misma moción nuevamente. Vamos a añadirle algunos aspectos y tenerla lista para la fecha prevista. Entonces, la fiscalía tendrá que responder pocos días después y el juez evaluará la moción y tomará una decisión", agregó.

El abogado también informó a Reyes sobre las declaraciones que deberán suministrar varias personas como parte de las pruebas que presentará en el juicio previsto para el 17 de marzo.

Los testimonios serán suministrados en la sede de la Fiscalía Estatal, donde declaró Sanz durante cinco horas el año pasado, y comenzará con las declaraciones de agentes policiales y empleados de ese organismo relacionados con el caso.

Manuel Rivera, amigo del intérprete español, y Juan Ramón Ramírez, director corporativo de Alja, una subsidiaria en Florida de la compañía Gazul Producciones S.L., propiedad de Sanz, también deberán testificar el próximo 11 de febrero, según el abogado.

"Son los dos caballeros que realizaron comentarios en la Fiscalía e inventaron toda esta historia", expresó Richardson.

Agregó que sus clientes "no son culpables. Esta gente lanzó estas acusaciones para proteger la imagen de Alejandro Sanz. Ese es el juego de ellos. Tienen todo el dinero del mundo para llevarlo a cabo".

En noviembre pasado la jueza Rodríguez escuchó una conversación grabada de González con Ramírez, en la que niega haber pedido 500.000 dólares al cantante ganador de 15 premios Grammy Latino.

La conversación fue grabada por las autoridades de EE.UU. el 12 de diciembre de 2006, la cual sirvió en su día para la detención de ambos acusados.

Tras escuchar la grabación, Rodríguez en esa ocasión dijo a los fiscales que "esto no es una prueba suficiente" para incriminar a Alzate y preguntó varias veces si existían otras pruebas.

Cuando los fiscales insistieron en señalar la conversación, la magistrada les preguntó si tenían una transcripción diferente a la que poseía ella, porque, a su juicio, la acusada dice "casi nada" en la grabación.

La Fiscalía Estatal retiró en junio de 2007 tres cargos de robo en mayor cuantía a González.

El ex empleado de Sanz fue acusado de robo después de que en diciembre pasado un ejecutivo del artista denunció que al revisar documentos relacionados con el artista halló que el acusado supuestamente registró a su nombre un barco y una moto de agua del cantante.