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Ex represor argentino condenado a cadena perpetua por crímenes en la dictadura

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Un tribunal argentino condenó el miércoles a prisión perpetua a un represor y a penas de entre 8 y 25 años de cárcel a cuatro ex militares y un ex policía por el crimen de un militante durante la dictadura, al cabo del primer juicio de una "megacausa" reabierta tras la derogación de las "leyes del perdón".

El Tribunal Federal Oral de San Martín sentenció a prisión perpetua al ex general Santiago Omar Riveros, quien al momento del asesinato dirigía la unidad militar de Campo de Mayo, en la periferia de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

También fueron condenados Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de la guarnición, a 25 años de prisión; Osvaldo García, ex director de la Escuela de Infantería de la unidad, a 18 años; los oficiales retirados César Fragni y Raúl Harsich, a 8 años; y el ex policía Alberto Aneto, a 14 años.

Los seis miembros de las fuerzas de seguridad, que deberán cumplir sus penas en una "cárcel común", fueron declarados culpables por el secuestro y asesinato por empalamiento del joven Floreal Avellaneda, un militante comunista cuyo cuerpo apareció en 1976 en las costas de Montevideo.

Durante la extensa lectura de los fundamentos del fallo, el tribunal consideró que hubo un ocultamiento de pruebas en la causa para tapar "la verdad" y subrayó la participación de las Fuerzas Armadas en el secuestro y la desaparición del muchacho, que tenía 15 años al momento del crimen.

"Todos los acusados efectuaron aportes para ejecutar el plan", indicaron en el fallo los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti, que integran el tribunal.

Antes de conocer la sentencia, Riveros se declaró "inocente" y reivindicó para su juzgamiento al Código de Justicia Militar, derogado a comienzos de este año.

"Me considero un demócrata. No soy nazi ni dictador. Ustedes son jueces de la democracia pero no pueden ser nuestros jueces", sostuvo el ex general, quien consideró "injustificable" la derogación de las "leyes del perdón" y deploró el "foráneo concepto de crímenes de lesa humanidad" que suele adjudicarse a los represores.

Durante el proceso, Riveros y los otros cuatro ex militares se habían negado a declarar, a diferencia del ex policía, quien sí aceptó dar su testimonio.

"Soy inocente", aseguró en su declaración Aneto, quien del mismo modo que los ex militares negó las acusaciones.

El ex policía, sin embargo, reconoció haber participado en la dictadura haciendo "inteligencia sobre las fábricas" de Buenos Aires, entre ellas Tensa, donde trabajaba el padre de Floreal Avellaneda.

El juicio, por el que pasaron más de un centenar de testigos, corresponde a la "megacausa" de Campo de Mayo, que reúne unos 40 expedientes que contemplan 500 víctimas de los delitos cometidos en esa guarnición militar, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención de la última dictadura (1976-1983).

Durante el juicio se escuchó el relato de la madre del joven y querellante, Iris Pereyra, quien el 15 de abril de 1976 fue secuestrada junto a Floreal Avellaneda por un grupo de tareas del Ejército que irrumpió en su casa de la localidad bonaerense de Munro, y permaneció detenida ilegalmente hasta 1978.

"Nos sacaron a los dos, nos vendaron, nos encapucharon y nos llevaron a la comisaría de Villa Martelli (...). Al Negrito le dieron como en la guerra, y aunque ponían la música a todo lo que da yo sentía sus gritos y él seguro los míos" por las torturas, relató la madre del joven.

La de Campo de Mayo y otras decenas de causas contra represores fueron reabiertas en Argentina tras la derogación parlamentaria en 2003 de las denominadas "leyes del perdón", dictadas en la década de los años ochenta y que beneficiaron a un millar de agentes de la dictadura.

Las cuatro querellas y la fiscalía habían pedido ante los jueces del tribunal prisión perpetua para los seis acusados, cuya defensa había reclamado la absolución.

Según cifras oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la denominada "guerra sucia", aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.