Publicado: 03.04.2014 07:00 |Actualizado: 03.04.2014 07:00

La excusa de la Junta de Cospedal para no readmitir a los despedidos: "Los datos son insuficientes"

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"Ambigüedad". Con esa palabra calificaba ayer el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) las alegaciones presentadas por la Junta regional que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal. La decisión, fechada en enero, obligaba al Gobierno autonómico a recuperar los 672 puestas de trabajo público que destruyó en 2012 y, por tanto, a readmitir a unos 300 interinos. Por eso, en la providencia que comunicó ayer a las partes, el TSCM le obligaba a aclarar en un plazo de cinco días si acata o no esa orden.

Lo cierto es que lo único que hace la Junta de Cospedal en dichas alegaciones a las que Público ha tenido acceso es tratar de demostrar que no conoce ni el número de interinos que debe recuperar ni sus condiciones laborales. La sentencia era clara: obligaba al Gobierno regional a cumplir con lo que pedían los sindicatos de la región y, por tanto, a "reponer" en "los puestos de trabajo que venían ocupando" a los funcionarios "afectados" por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada el 20 de agosto de 2012 que fue anulada por el Alto Tribunal.

Le instaba también a volver a contratar a esos despedidos "con el reconocimiento de todos los derechos profesionales y económicos que correspondan". Es decir, que la administración castellano manchega debía pagar a los funcionarios que despidió lo que hubieran cobrado de no haberse producido su cese.

Sin embargo, la Junta considera en sus alegaciones que esos son "datos insuficientes" para que ejecute la sentencia y readmita de manera provisional a esos trabajadores. Asegura por ello que el cumplimiento de la misma es "especialmente complejo", dado que considera "imprescindible" que tanto el TSJCM como los sindicatos recurrentes "presten su auxilio o colaboración para la exacta fijación del ámbito de la ejecución" de la decisión del Alto Tribunal. Asegura incluso que algunos "extremos" de la sentencia "se escapan" de la "órbita presente" del Gobierno castellano manchego.

Argumenta, así, que desde que se despidió a esos cientos de trabajadores se produjeron "cambios estructurales" en la administración que podían haber afectado a los puestos que ahora tiene que recuperar. Menciona "las numerosas reestructuraciones" puestas en marcha, y que han implicado que las funciones que venían siendo desempeñadas por los interinos "han sido recuperadas por funcionarios", o incluso han desaparecido. Por eso considera que no está claro a cuántos trabajadores debe recuperar.

Lo mismo sucede en cuanto a las condiciones. En sus alegaciones, la Junta considera que "la aplicación de intereses de demora sobre las cantidades dejadas de percibir" por los despedidos "determinan un evidente perjuicio para el interés publico". Por ello juzga "necesario" que "se examine la precedencia y el marco posible para la ejecución de la condena dineraria".