Un comité de expertos abogó el jueves por reformar la interrupción voluntaria del embarazo introduciendo una ley de plazos que permita abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación.

El comité, que remitió sus conclusiones al Ministerio de Igualdad, que se dispone a reformar la ley del aborto, es partidario de reformar la normativa actual, que sólo permite abortar en tres supuestos y combinar plazos e indicaciones, como sucede en otros países europeos.

"No se trata de hacer una ley más permisiva, sino de hacer una ley más segura. Se trata de proteger a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, para que puedan hacerlo con total libertad dentro de unos plazos y en unos supuestos perfectamente establecidos", declaró la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la presentación del informe.

El comité, formado por catedráticos de derecho y medicina entre otros expertos, está a favor de una ley que permita decidir libremente a las mujeres en un plazo de unas 14 semanas. También se podría abortar hasta la semana 22 en dos supuestos: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto.

El informe recomienda también eliminar el aborto como un delito del Código Penal y permitir a las jóvenes a partir de 16 años decidir sobre su embarazo sin consultar a sus progenitores.

Los expertos plantean que la objeción de conciencia no sea impedimento en la sanidad pública o concertada para interrumpir un embarazo y que se establezca una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos no deseados.

El mes pasado la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó unas recomendaciones similares, no vinculantes, para la reforma del aborto, excepto que no establecía un número de semanas en las que la interrupción voluntaria sería legal.

Los grupos provida, como "Hazte Oír", consideran que la reforma supondría "una licencia para matar sin ninguna restricción".

La ley actual, aprobada en 1985, permite abortar en tres supuestos: si existen malformaciones del feto, si las mujeres han sido víctimas de violaciones y si existe riesgo para la salud de la madre, que incluye riesgos psicológicos.

La inmensa mayoría de los abortos que se realizan en España se practican en centros privados concertados, aunque los pague la sanidad pública.

Según datos hechos públicos recientemente, el número de abortos se ha duplicado en la última década. En 2007 se practicaron 112.000, mientras que en 1998, el total era de 53.000.