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Los expertos creen que el déficit público podría llegar al 10%

Las Cajas de Ahorros piden al Gobierno un protocolo por si quiebra una entidad

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El servicio de estudios de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, avanzó ayer que volvería a cambiar para peor sus previsiones para este año y el que viene. La mayor variación puede estar en el dato de déficit, que hace tan sólo dos semanas Funcas situaba en el 7,4% para este año y ayer mismo adelantó que subiría hasta el 8%. También amplió la previsión del déficit para 2010, desde su expectativa de un 9,3% actual hasta el 10%. Estas cifras de déficit se alejan de las previsiones del Gobierno (5,8% para 2009) y del Fondo Monetario Internacional (6,1%) y más que triplica el grosor del agujero permitido por Bruselas.

Sin embargo, tanto el director general de Funcas, Victorio Valle como el jefe del servicio de estudios, Ángel Laborda, defendieron que en tiempos de crisis el principal recurso para hacer frente a la coyuntura es tirar del gasto público. Por eso Laborda entiende que no es momento ahora de plantearse políticas restrictivas de contención del gasto aunque sí propusieron reformas impositivas (subir el IVA y bajar Sociedades).

Además, Funcas prevé que este año se alcancen los 4,5 millones de parados, lo que llevaría la tasa de desempleo hasta el 17,2%. En 2010 sería hasta peor, al rozar el 20%. La caída del PIB prevista es del 3% para este ejercicio y la recuperación no se vería hasta mediados de 2010.

Protocolo para cajas

Valle explicó que la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha pedido al Ministerio de Economía que diseñe un protocolo de actuación en caso de que "caiga" una entidad financiera. Valle señaló que el Fondo de Garantías de Depósitos se ha quedado pequeño para ayudar a entidades "grandes". "Hay cajas que lo están pasando mal", señaló y pidió una intervención "ordenada" en caso de que fuera necesario.

Además, como receta contra la crisis, Valle propuso que se reequilibrara la cuota de la Seguridad Social de los asalariados para que los trabajadores asumieran una parte de la cuota de la que ahora se hacen cargo los empresarios.