Casi imposible. Los tres expertos independientes designados por el Gobierno, la patronal y los sindicatos han concluido que la idea de crear un fondo de capitalización para ahorrar las indemnizaciones por despido de los trabajadores, inspirado en el modelo austriaco, es impracticable en tiempo y forma según pretende el Ejecutivo.

En el informe de 47 páginas, al que tuvo acceso Público, los expertos, José Ignacio Pérez Infante y Esteban Rodríguez Vera, por el Gobierno; Juan López Gandía y Santos Ruesga Benito, por los sindicatos; y Alberto Nadal Belda y Pilar González de Frutos, por la CEOE, recomiendan el 'retraso' de su puesta en marcha hasta que mejore la economía, más allá del 1 de enero de 2012 que fija la ley. Los expertos advierten de que 'incluso si la economía mejorara sustancialmente a medio plazo, el elevado volumen de recursos necesarios y la dificultad para obtenerlos harían prácticamente imposible constituirlo con las características previstas en la ley'. Según sus cálculos, se necesitaría un 0,74% del PIB (7.500 millones de euros) cuando el fondo esté en desarrollo.

El sexteto lleva desde marzo debatiendo cómo diseñar la conocida mochila del despido, dentro de los límites que les marca la ley. Al temporal hay que añadir la premisa de que el funcionamiento del fondo no podía constituir una subida de las cotizaciones empresariales. Además, la ley marca que el fondo debe pasar a ser un nuevo derecho del trabajador, que puede ejercer en los supuestos de despido, movilidad geográfica, formación y jubilación. Por último, la indemnización que el trabajador se quede en su cuenta debe ser proporcional al ahorrodel empresario en pagar la indemnización. Los especialistas en Derecho del Trabajo concluyen que sin subir cuotas es imposible cumplir estos requisitos.

Por eso, como única alternativa, sugieren cambiar las directrices y reformular el tipo de mecanismo que se quiere implantar en España que, en cualquier caso, debería retrasarse en el tiempo. Durante este periodo transitorio, los expertos abogan por que el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, siga pagando los ocho días de indemnización por despido que se recoge en la reforma laboral.

El informe cree que la solución más fácil es institucionalizar este mecanismo, que no cumple los criterios de la ley porque sólo tiene como objetivo sufragar el despido. Otra alternativa planteada sería la de que en primer término se sufragara parte de la indemnización por despido pero que casi no se destinara dinero al rescate que puede hacer para su jubilación el empleado. Por último, plantean la posibilidad de crear un calco del Fondo Austriaco, en cuyo caso se resentiría la cantidad que se podría subvencionar en caso de despido, porque lo prioritario sería la capitalización individual del empleado.

Para mitigar los problemas de recursos aconsejan echar mano de los excedentes del Fogasa y las mutuas de accidentes. Con todo, creen que en unos años sería necesario subir las cuotas. Además opinan que sólo los asalariados deberían acceder a este programa, y preferentemente los indefinidos.