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Los expertos piden un Pacto de Estado para afrontar el envejecimiento de la población

EFE

La necesidad de alcanzar un pacto de Estado que diseñe y aplique cambios normativos con objeto de incentivar el ahorro a largo plazo es una de las recetas que dieron hoy distintos expertos de la esfera pública y de la privada para afrontar los retos derivados del envejecimiento de la población.

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, se mostró partidaria de abordar reformas económicas y sociales estructurales "pero también de preconizar un cambio de mentalidad de las empresas, administraciones y ciudadanos ante el sistema de protección social fomentando la corresponsabilidad social".

Hidalgo se expresó de esta forma durante la presentación, en la sede madrileña de ESADE, del estudio "La previsión y el ahorro ante el envejecimiento de la población", ganador del Premio Edad y Vida 2007, y elaborado por un equipo encabezado por el director del Departamento de Marketing de ESADE, Manuel Alfaro.

Por todo ello, solicitó que se revitalice el Pacto de Toledo y destacó su importancia "a la hora de plantear reformas en el sistema de pensiones".

Para Hidalgo, las Administraciones Públicas "deben garantizar el sistema público de pensiones y descargar a la Seguridad Social de todos los gastos que no le corresponden, para que pueda dedicar todos sus recursos a las cotizaciones y a sufragar las pensiones, incorporando todos los excedentes reales a alimentar el Fondo de Reserva".

"Vivimos cada vez más años y con una mayor calidad de vida y el reto es convertir ese cambio en la estructura de la población en un impulso para el desarrollo y que no se convierta en una carga para los países", explicó.

De acuerdo con Eurostat, en 2020 habrá un millón de personas menos que ahora en edad de trabajar al tiempo que se espera que la tasa de dependencia crezca del 25% en 2008 al 31,05% en 2020, recordó la consejera.

En España, se calcula que en los próximos ocho años la población en edad de trabajar habrá disminuido en torno a los tres millones de personas, con una tasa de dependencia que habrá alcanzado el 28% frente al 25,4% actual.

Por ello, el desarrollo del Pacto de Toledo desde el consenso, con un diagnóstico a medio y largo plazo de la situación del sistema de pensiones compartido por las fuerzas políticas y los interlocutores sociales nos permitirá impulsar las reformas que garanticen su viabilidad financiera, explicó.

En la misma línea, el presidente de la Fundación Edad y Vida, Higinio Raventós, pidió a todos los agentes sociales que concreten un nuevo Pacto de Estado -liderado por la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso-, con objeto de "diseñar y aplicar las reformas estructurales necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos de una forma responsable y sostenible".

Además, recordó algunas de las recomendaciones contenidas en el estudio ganador del Premio Edad y Vida, que pide, entre otras cosas, la reforma del actual sistema público de pensiones y el desarrollo de instrumentos privados de financiación para complementar la pensión pública.

También destaca la incentivación fiscal del ahorro y la mejora de la información y de la formación que recibe el ciudadano para calcular su pensión pública y poder decidir entre los diferentes instrumentos privados de financiación que existen en el mercado.

Recordó la necesidad de gestionar los "escasos" recursos públicos, y más en el contexto actual de crisis económica, ya que "no podemos esperar que el Estado resuelva todos nuestros problemas".

En cuanto a la Ley de la Dependencia, insistió en la necesidad de combinar "una dotación económica suficiente con el copago en función de la capacidad económica que tenga la persona en situación de dependencia", con el nivel máximo posible y homogéneo en las diferentes comunidades autónomas.

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