El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa intentó tranferir 5,2 millones de dólares a una cuenta de su mujer en la República Popular China después de su imputación en la causa que investiga el agujero de dicha empresa, según se señala en un informe de la Policía remitido a la Audiencia Nacional.

La operación, abortada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Portugal, se intentó a través de una cuenta corriente abierta por la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade Detrell, en un banco portugués el pasado 29 de mayo, seis días después de la imputación de su marido. La cuenta fue abierta a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro S.L., de la que es administrador único Fernández de Sousa.

El pasado 26 de agosto, se recibieron en la cuenta 4 millones de euros transferidos por Quinta do Sobreiro, y dos días después, otros 236.000 euros de la empresa Kiwi España S.A., de la que también es administrador único el expresidente de Pescanova.

A continuación, se ordenó con cargo a esa misma cuenta una transferencia
por importe de 5,2 millones de dólares a favor de María Rosario Andrade Detrell, con abono en una cuenta de su titularidad en un banco en China, justificada como un préstamo de la sociedad. Las autoridades portuguesas bloquearon la operación, y lo comunicaron a la Audiencia Nacional.

El juez instructor de la causa, Pablo Ruz, ha acordado, en un auto en el que explica los hechos, el bloqueo y embargo de los fondos de la cuenta bancaria que la esposa de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade Detrell, abrió en Portugal el 29 de mayo a nombre de una sociedad de su esposo.

Ademas, el Juzgado bloquea también todas las cuentas bancarias de varias sociedades vinculadas al presidente de Pescanova y que están imputadas en la causa en calidad de personas jurídicas.

El auto subraya que los hechos nuevos investigados podrían dar lugar a la imputación a Fernández de Sousa de un nuevo delito, de alzamiento de bienes. El expresidente de Pescanova ya está imputado en cuatro delitos: falseamiento de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales, estafa y uso de información relevante.

El juez le ha impuesto una fianza civil de 178,8 millones de euros para afrontar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se le impongan en el proceso. Es una de las mayores fianzas de ese tipo impuestas nunca en España.