La organización de consumidores Facua ha denunciando ante la Comisión Nacional de Competencia (CNC) irregularidades en el traspaso de "cientos de miles" de clientes con derecho a tarifa a comercializadoras del mercado libre y estudia denunciar al Ejecutivo ante Bruselas por permitirlo.

En declaraciones a Efe, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, recordó que estas prácticas ya han sido puestas en cocimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas, así como de las autoridades autonómicas de consumo y del Instituto Nacional del Consumo de Ministerio de Economía.

Según Facua, "cientos de miles" de clientes que tenían contratado su suministro con distribuidoras independientes han sido traspasados "unilateralmente" a compañías que operan en el mercado libre, a pesar de que tienen derecho a acogerse a la única tarifa que desde el pasado 1 de julio fija el Gobierno (conocida como TUR) por contar con potencias instaladas inferiores a los 10 kilovatios (kW)

Actualmente, sólo están autorizadas a suministrar electricidad a tarifa cinco compañías, denominadas "comercializadoras de último recurso" (CUR) y que pertenecen a los grandes grupos que operan en España (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y E.ON).

Para poder acogerse a tarifa, lo usuarios deben contratar el suministro con una CUR, que, a su vez, habrían rechazado a los clientes de distribuidoras independientes, a pesar de que la ley les obliga a aceptarlos, según la misma fuente.

Facua considera que los acuerdos "negociados" por pequeñas distribuidoras con las grandes comercializadoras de mercado libre para cederles sus clientes, así como el traspaso de usuarios a comercializadoras creadas por las pequeñas distribuidoras, pueden "vulnerar" la Ley de Defensa de la Competencia.

La asociación estima que se ha producido un "reparto de mercado" que puede ser contrario a la competencia y a las reglas establecidas en la normativa eléctrica y que podría causar perjuicios a los usuarios y a potenciales competidores "que han sido colocados en situación desventajosa".

Sánchez apuntó que estudian denunciar ante Bruselas al Ministerio de Industria por permitir esta situación, que sería contraria a la directivas europeas en materia eléctrica que establecen que ningún consumidor puede ser discriminado.