Tanto los dueños de fincas víctimas de los acosadores como los senderistas y colectivos contrarios al cierre de caminos públicos se topan con un problema para hacer valer sus derechos frente a las apropiaciones irregulares: la falta de censos municipales de estas vías.

El geógrafo Xavier Campillo, uno de los principales estudiosos de la materia, cifra en sólo un 10% el porcentaje de ayuntamientos catalanes que cuentan con censos, un dato extensible al resto de España. Manuel Trujillo, portavoz de A Desalambrar, calcula que el 20% de los caminos públicos están cortados o destruidos, llegando al 60% en algunas zonas como Andalucía.

El turismo rural y el desarrollo urbanístico en los entornos periurbanos ejercen sobre la actividad agroganadera una presión creciente que a veces acaba arrinconándola. El corte de caminos públicos es consecuencia del cambio en la propiedad que conlleva esta nueva realidad, con titulares de segundas residencias procedentes de la ciudad que sustituyen a quienes antes utilizaban el campo como medio de vida, manteniendo estas vías. "La mentalidad es distinta. Ahora muchos nuevos propietarios, en cuanto llegan, hacen el cerramiento", explica Campillo.

También es frecuente que los agricultores aren los caminos o que los ayuntamiento se ahorren su mantenimiento asfaltándolos. Pero a veces su corte o destrucción sirve para presionar en casos de usurpación y acoso, un fenómeno que en sus manifestaciones extremas se conoce como mobbing rural y que suele correr a cargo de especuladores, de terratenientes o de propietarios que no quieren ver interrumpida su finca por caminos que perturben una jornada de caza.

Hay denuncias de casos concretos, como el de Almodóvar del Campo, pero también de protestas sectoriales. Los Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, por ejemplo, han denunciado que el aprovechamiento turístico del suelo ha llevado a situaciones de acoso por parte de los nuevos propietarios llegados de Barcelona.

"Los caminos públicos responden a un sistema de comunicación rural local que, en alguna medida, ha perdido su vigencia y no es extraño que actualmente puedan ser utilizados para otros usos (turísticos, recreativos) por personal urbano", explica el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que considera que no existe "un proceso de hostigamiento al medio rural".