La familia de Enaitz Iriondo, el joven ciclista de 17 años que murió atropellado en Haro (La Rioja) por un conductor que posteriormente pidió una indemnización, ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Esta decisión se ha adoptado después de que el Tribunal Constitucional español denegara la reapertura de la causa, que dejó libre y sin cargos al autor del atropello.

Rosa María Trinidad, madre de Enaitz, ha explicado en conferencia de prensa en Bilbao, que con esta iniciativa la familia aspira a conseguir que se celebre un juicio por el atropello mortal, y ha afirmado que después de los cinco años transcurridos desde que murió su hijo siente 'impotencia, rabia e indignación'.

'Me siento víctima del conductor que mató a mi hijo -ha dicho- y también de la Justicia, que ha vulnerado todos mis derechos'.

En el acto informativo también ha estado presente José Pérez Tirado, abogado de la asociación Stop Accidentes a la que pertenece la familia Iriondo, quien ha explicado que es la primera ocasión en la que una víctima de un accidente de tráfico en España recurre al Tribunal de Estrasburgo.

Según ha indicado, todo el procedimiento judicial español relacionado con este caso ha demostrado 'una enorme falta de sensibilidad y de humanidad, desde que se archivó el caso por primera vez veintisiete días después de suceder los hechos, y además, sin esperar el atestado de la guardia civil, que establecía que el conductor circulaba a más velocidad que la permitida, y sin informar a la familia'.

La 'barbarie' continuó, según Pérez Tirado, con el pago de una indemnización de 33.000 euros, muy por debajo de lo que correspondía, y que fue consecuencia de un acuerdo entre las compañías de seguros 'ante el desconocimiento de la familia y el aturdimiento por el dolor de la muerte de un hijo'.

'Primero atropellaron a un chaval de 17 años -ha destacado- y después la justicia española ha atropellado a la familia. Pedimos dignidad, ética y justicia'.

Ha resaltado que todos los intentos de reabrir el caso se han topado con el primer archivo de las diligencias, que 'al calificarse como sobreseimiento libre -según ha indicado- supone que el hecho está juzgado aunque no se haya celebrado el juicio'.

Respecto al papel del Tribunal Constitucional, el letrado ha opinado que 'resolvió el asunto en seis líneas. Este órgano judicial -ha señalado- solo tiene tiempo para los estatutos de autonomía y las leyes de partidos, no para los ciudadanos'.

Enaitz Iriondo, cuya familia vive en Durango (Vizcaya), falleció el 26 de agosto de 2004 cuando regresaba al camping de Castañares (Haro) en bici.

Por el camino, el conductor de un turismo Audi 8 lo atropelló y lo mató. Dos años después, este conductor solicitó a la familia una indemnización de 14.000 euros por los daños que el accidente ocasionó en su vehículo y otros 6.000 euros por el alquiler de otro coche para trabajar.

Esta demanda no prosperó, pero la fiscalía de La Rioja pidió reabrir el caso, lo que se ha negado en distintas instancias judiciales.