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Las familias se quedan solas cuando llega la insolvencia

La compra de piso fallida no acarrea responsabilidad a notarios y registradores

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María está a punto de quedarse sin casa. Tiene dos hijos y, después de varios años encadenando trabajos temporales, se encontró con que no podía afrontar el pago de su hipoteca. 'Intenté hacer frente a todo, pero era imposible y, llegados a un punto, preferí seguir pagando la educación de mis hijos', dice. Ni la entidad financiera ni el notario le informaron de las consecuencias que tenía dejar de pagar la cuota mensual. Ahora ya sabe que su caja de ahorros puede llegar a quitarle el resto de sus bienes (si los tiene) y hasta parte de su salario para cobrarse la deuda hipotecaria. No se llama María, pero su caso es real, como tantos otros en esta crisis galopante. La realidad es que las familias se quedan solas, sin poder reclamar responsabilidades, cuando llegan a esa situación de insolvencia.

La ley y la práctica habitual no les amparan, pero sí a los agentes que participan en el trámite de compraventa de una vivienda. Su impago es el motivo principal por el que cada vez más particulares se declaran insolventes. Muchos acaban en la calle. Sólo en el primer trimestre de este año, 15.491 familias sufrieron desa-hucio, un 36% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Un récord histórico.

La ley ampara más a los notarios y a los registradores que al comprador

'La ley permite que notarios y registradores no tengan responsabilidad' cuando llega el caso de impago de las familias, señala Abraham Nájera, socio director del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Los particulares 'lo tienen muy complicado' si reclaman. 'No hay precedentes de sentencias o litigios de ese tipo en España', añade Nájera. En cambio, sí comienza a haber, poco a poco, sentencias en los tribunales contra las cláusulas abusivas que los bancos introducen en los préstamos hipotecarios, aunque son guerras sólo aptas para librar a través de asociaciones de consumidores porque, en caso contrario, el particular se puede dejar la piel (y el dinero) sin resultados.

¿Qué dice la ley sobre el papel que tienen notarios y registradores en los contratos, incluidos los hipotecarios? Según la Ley del Notariado, que data de 1862, el notario es un funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales.

Y, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, un registrador puede negarse a registrar la compra de una vivienda porque la hipoteca contenga cláusulas abusivas. Y se consideran abusivas las que no han sido negociadas individualmente y aquellas prácticas no consentidas expresamente y que, con mala fe, perjudiquen al consumidor, sin olvidar que este adquiere una serie de obligaciones en el contrato.

Economía prepara una orden que se queda corta para proteger al cliente

Pero, al final, no son ni los notarios ni los registradores los que deciden qué cláusulas de los contratos que imponen los bancos son abusivas. Tiene que haber una ley o una sentencia firme de un tribunal que las califiquen como tal. Y, por ahora, según la ley, que entregar la casa al banco no baste para saldar la hipoteca no es abusivo.

Ni siquiera en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que acaba de denunciar ante la Fiscalía que notarios y registradores cobran más de seis veces más de lo que deben ven 'factible tratar de cargar con responsabilidad civil al notario', señala Antonino Joya, abogado y director de comunicación de esta organización. A juicio de la OCU, lo ideal sería que hubiera un contrato tipo para todas las hipotecas, previamente aprobado, para que no hubiera necesidad de que pasara por el notario, aunque sí por el registrador.

En la combativa Adicae, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, su presidente, Manuel Pardos, acusa a los notarios de que 'sólo cumplen con la legalidad leyendo a toda prisa los contratos, sin informar de cláusulas abusivas como las suelo [cobrar un tipo de interés mínimo aunque baje el Euríbor] y sin informar de las consecuencias de no pagar la hipoteca': que el banco se queda con la casa pero también puede requisar otros bienes y parte del salario para saldar la deuda hipotecaria.

Los notarios dicen que el usuario no utiliza su derecho de ver antes el contrato

La grave situación de muchas familias que no pueden pagar su casa y exigir soluciones motivó el fin de semana pasado una cadena de movilizaciones en toda España convocadas por Adicae y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo del Movimiento 15-M y Democracia Real Ya.

El problema de base, como coinciden todos los consultados (salvo el notariado), es que son los bancos los que eligen a los notarios. Y apuntan que esto les resta independencia a la hora de informar al usuario de lo que está firmando delante de la entidad financiera, que es la que les da trabajo.

De esta premisa se origina, en parte, la grave carencia que aumenta el problema: la falta de información del usuario. El Ministerio de Economía aprobará en breve una orden sobre transparencia bancaria que obligará a dar más información, pero se queda corta y vuelve a olvidarse de proteger más al cliente, según las asociaciones de consumidores.

Los notarios, por su parte, recuerdan que la responsabilidad en un contrato la tienen las dos partes que lo firman. 'Cuando hay un impago son los jueces quienes deben decidir, de acuerdo con las leyes vigentes, las consecuencias jurídicas del incumplimiento', afirma Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Cataluña. 'Notarios y jueces estamos para aplicar las leyes vigentes', añade.

Ollé, además, niega que no se dé una información completa al cliente en el momento de la firma y apunta que los usuarios tienen derecho a ver el contrato tres días antes de la firma en la notaría, pero esto 'prácticamente no se ha utilizado' y 'es una lástima'. Las asociaciones de consumidores lo confirman.

Los registradores defienden, asimismo, que su papel es cumplir con la ley, que es 'conocer qué cláusulas son abusivas y no inscribir contratos que las contengan', señala Belén Madrazo, directora de servicio registral de protección de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores. Y desvela otro derecho del ciudadano aún menos conocido: la posibilidad que dan los registradores de consultar el registro de cláusulas abusivas. 'Se creó en 1998 y está infrautilizado', explica. Madrazo añade que el problema de este registro es que 'deben ser los jueces, las asociaciones de usuarios o el particular quienes envíen las sentencias al Registro'.