El fantasma de una nueva reforma del tratado de la UE planea sobre la cumbre que celebrarán la semana que viene los gobernantes europeos, en la que tienen previsto respaldar el endurecimiento de las actuales reglas de disciplina fiscal y de vigilancia macroeconómica.

La vía a una modificación del Tratado de Lisboa, para incluir sanciones todavía más duras y dotar a la Eurozona de un mecanismo de rescate financiero permanente, ha sido abierta esta semana por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel.

En la cumbre bilateral celebrada el pasado lunes en la localidad francesa de Deauville, ambos instaron a sus socios europeos a empezar a trabajar ya para una revisión del tratado que se limite a esos dos asuntos.

"La pregunta es si están los tiempos para estas aventuras", comentaba el viernes en Bruselas, a propósito de la declaración de Deauville, el representante diplomático de otro Estado miembro.

Cuando todavía quedan por cumplir algunas de las promesas del Tratado de Lisboa, el último en negociarse y que entró en vigor hace menos de un año, una mayoría de gobiernos se muestra escéptica sobre la oportunidad de plantear otra reforma constitucional en Europa, por muy limitada que sea.

La cuestión será abordada el jueves y el viernes próximos por los jefes de Estado o Gobierno de la UE, quienes se reunirán en Bruselas para una cumbre de carácter eminentemente económico.

Está previsto que los veintisiete países comunitarios respalden las propuestas que les presentará el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, destinadas a reforzar las reglas de gobernanza económica para evitar que se repitan crisis presupuestarias como la de Grecia, que estuvo a punto de provocar en primavera el colapso financiero de la Eurozona.

Por encargo de los propios líderes, Van Rompuy ha presidido desde mayo un grupo especial, compuesto en su mayoría por ministros de Finanzas, que ha abordado cinco cuestiones.

Se trata del endurecimiento de la disciplina fiscal, de la ampliación de la vigilancia, de la mejora de la coordinación macroeconómica, de la creación de un mecanismo de rescate permanente y del fortalecimiento de las instituciones de gobierno económico tanto a nivel europeo como nacional.

Los miembros del grupo llegaron el pasado lunes a un consenso sobre las principales recomendaciones, con la llamativa excepción del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que hubiera deseado un régimen de sanciones más estricto y automático contra los gobiernos incumplidores.

Una vez que acepte las propuestas del "grupo Van Rompuy", se espera que el Consejo Europeo fije un plazo "acelerado" para la traducción de esos compromisos políticos en textos legislativos vinculantes.

Para avanzar, la Comisión Europea, única con iniciativa legislativa dentro del esquema institucional de la UE, ya ha presentado seis textos que corresponden a los ámbitos de reformas explorados por el grupo, aunque en alguno de ellos, particularmente en el relativo a las sanciones contra el déficit, el Ejecutivo comunitario va más allá de lo consensuado por los ministros.

Según fuentes diplomáticas, un calendario "realista" para la adopción final de estas reformas, que requieren el visto bueno tanto del Consejo de ministros como del Parlamento Europeo, sería el primer semestre de 2011.

Por muy innovadoras que parezcan, las recomendaciones del grupo Van Rompuy quedan dentro, según los juristas, de los límites actuales de tratado.

Entre otras sugerencias se propone, por ejemplo, obligar a los gobiernos a presentar en Bruselas, antes que a sus respectivos parlamentos, las líneas generales de los presupuestos anuales.

Se prevé igualmente crear un procedimiento por "desequilibrio excesivo" contra los países que no corrijan sus carencias de competitividad o eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.

El llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a mantener unas finanzas públicas equilibradas, será reforzado, endureciendo las sanciones contra los incumplidores y prestando atención a la evolución no sólo del déficit, sino también de la deuda.

Los gobiernos con políticas fiscales laxas podrán ser sancionados en una fase temprana, aunque el déficit público no haya rebasado el 3% del PIB.

El informe prevé una amplia gama de sanciones progresivas, tanto políticas o de "reputación", como el envío de misiones europeas de inspección a los países bajo sospecha, como financieras (depósitos generadores de intereses que pueden terminar convirtiéndose en multas).

La propuesta de sancionar a un país corresponderá a la Comisión Europea, pero una mayoría de dos tercios de los ministros podría en último término bloquearla en el Consejo.