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Finaliza sin novedades la reunión del TC sobre el Estatuto

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El pleno del Tribunal Constitucional celebró el jueves una reunión de cuatro horas para debatir el séptimo borrador de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que finalizó sin acuerdo y sin fecha para un próximo encuentro, informaron fuentes del alto tribunal.

Según las fuentes, los magistrados habrían estado debatiendo los recursos de súplica presentados por la Generalitat sobre la incompetencia del alto tribunal para abordar este asunto.

Después de que los seis textos anteriores no fructificaran, la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, ha elaborado un nuevo borrador que recogería la inconstitucionalidad de 15 preceptos e interpretaría una veintena más, según informaciones de diversos medios.

Un portavoz del tribunal confirmó que se había recibido la petición del presidente catalán, José Montilla, para que se revise la decisión de apartar del debate al magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado porque ayudó a la Generalitat a redactar algunos de los artículos del Estatut, aprobado en el Parlamento catalán.

El político socialista, que ha defendido un texto que considera plenamente constitucional, ha pedido al tribunal que interrumpa sus deliberaciones mientras medita una decisión sobre Pérez Tremps, al que Montilla pide que se incluya en las votaciones de los artículos en cuya redacción no participó, según señala El País.

La petición de Montilla llega después de que se filtrara que el debate y votación en el Constitucional podrían realizarse artículo por artículo para resolver el estancamiento en el alto tribunal.

El recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Partido Popular hace ya casi cuatro años y que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones, aborda los aspectos más polémicos del texto, entre ellos el reconocimiento de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán, el derecho de autodeterminación y un papel destacado en las relaciones con la Unión Europea.

Además, tras el recurso del PP se admitieron luego a trámite otros seis contra la norma catalana: del Defensor del Pueblo y de las comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.