Publicado: 07.11.2013 20:24 |Actualizado: 07.11.2013 20:24

El fiscal pide 2 millones de euros de fianza para el exdirector de la CAM

El juez Gómez Bermúdez debe decidir si acuerda la medida para Roberto López Abad, acusado de delitos fiscales, de administración desleal y falsedad

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga una fianza de dos millones de euros al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad para eludir la cárcel, según han informado fuentes jurídicas.

En el caso del ex director de Empresas Daniel Gil, el Ministerio Público ha pedido una fianza de medio millón de euros. Ambos han declarado esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que ordenó ayer su detención por defraudar 31 millones de euros a través de un entramado de empresas hoteleras que desviaban sus beneficios al paraíso fiscal de Curaçao.

El magistrado ha dejado en libertad a otros tres de los detenidos: el exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM Vicente Sánchez, el director económico de la empresa Valfensal, Francisco Climent y el ex director de la División Internacional y de Negocio hotelero César Veliz de la CAM.

Gómez Bermúdez considera que los exdirectivos y empresarios detenidos, habrían perpetrado la defraudación fiscal a través de la compañía Valfensal, participada en un 30 por ciento por el banco, y a la que la caja concedió préstamos irregulares por 217 millones de euros.

Imputa a López Abad, Gil y Veliz la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable y administración desleal y apropiación indebida, ordenó ayer sus arrestos al considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas y de huida.

En el auto en el que ordenaba la detención, el juez explicaba que ellos tres y los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Vicente Ferri, contra los que se ha cursado orden de detención y que se encuentran en paradero desconocido, "cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición".

La operación, a cargo de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se ha saldado con la detención de nueve personas. Agentes del Instituto Armado practicaron, además, diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.