El fiscal Joan Carrau ha rebajado en un año y medio, de cinco a tres años y medio, la pena de prisión pedida para el ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, por malversación de fondos públicos.

Así lo estipula en su escrito de conclusiones finales presentado hoy durante la segunda jornada del juicio con jurado contra De Santos, en el que también reclama la inhabilitación absoluta del acusado por ocho meses (uno menos que en su escrito provisional).

De Santos está acusado del uso ilícito de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP) con la que, entre 2005 y 2007, realizó presuntamente pagos en clubes de alterne de Palma por un valor de 52.583 euros.

Tras las conclusiones del fiscal, el juicio ha sido suspendido esta tarde por "cansancio psicológico del acusado", ya que De Santos no ha podido reprimir las lágrimas en la última parte del juicio de la jornada, y se retomará mañana a las 09:30 horas.

El fiscal ha pedido al jurado que decida basándose en las pruebas presentadas, y ha recordado a sus miembros que De Santos cogió dinero que era público, "que era dinero de todos", y "lo gastó en beneficio propio".

Respecto a las peticiones del abogado de la defensa, Juan Ignacio Herrera, el fiscal ha descartado la atenuante de confesión de los hechos, ya que, según ha dicho, el acusado "no tiene la obligación de decir la verdad".

"El arrepentimiento no disminuye la pena", ha abundado Carrau, quien ha añadido que "uno puede estar arrepentido de que lo hayan pillado" pero esto, en ningún caso, supone una atenuante.

En cuanto a la atenuante por adicción a la cocaína que defiende su abogado, Carrau ha afirmado que el acusado "ha mentido", ya que hay testigos que han declarado que sabía lo que hacía.

Asimismo, ha indicado que no hay pruebas de que entre 2005 y 2007 consumiera drogas, ya que los análisis hechos a su cabello en 2008 solo demuestran que se había drogado seis meses antes.

Además, el fiscal ha recordado que el propietario del local de alterne que frecuentaba, Alfredo Gómez, ha dicho que ese dinero "no lo ha gastado en drogas".

En cuanto a la atenuante de reparación del daño, el fiscal sí la ha considerado -también lo hacía en su escrito provisional de acusación-, ya que De Santos devolvió el dinero gastado con la tarjeta pública.

Carrau ha recordado que el Código Penal recoge en estos casos penas de entre 3 y 6 años de prisión, por lo que ha considerado que la pena de 3 años y medio es "adecuada y proporcionada por lo que ha hecho".

Por su parte, el abogado defensor del ex concejal ha afirmado que "la Fiscalía ha cogido todo lo malo" del caso y ha insistido en las atenuantes pedidas.

Ha pedido una pena de prisión de 14 meses y siete días, inhabilitación absoluta por un año y medio y suspensión de empleo o cargo público por 15 meses, así como multa de siete meses a razón de 3 euros diarios, aunque continuará mañana su alegato cuando se retome el juicio.

En la jornada de hoy, también han declarado los médicos forenses que han estudiado el caso del ex concejal, los cuales han determinado que éste desarrolló un trastorno de dependencia a la cocaína.

Además, el perito médico que evaluó a De Santos ha certificado que presentaba una "discreta atrofia" en el conducto nasal derecho que podía derivar de una adicción a la cocaína, corroborada por el terapeuta que le trató en una clínica de desintoxicación.

Ha explicado que De Santos sufría un "déficit en el control de los impulsos", derivado del consumo reiterado de cocaína, que podía afectar a su conducta aunque no le inhabilitaba para "diferenciar lo que estaba bien de lo que no".