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La Fiscalía investiga las altas retribuciones de Caixa Catalunya

Las investigaciones se han abierto a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las altas retribuciones de los directivos

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La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación para averiguar supuestas irregularidades en el establecimiento de un régimen de retribuciones elevado para altos responsables de Caixa de Catalunya, actualmente CatalunyaCaixa. Según ha informado la fiscalía provincial en un escueto comunicado, la apertura de las diligencias se hizo la pasada semana motivada por 'las informaciones aparecidas en los medios de comunicación'.

CatalunyaCaixa es una de las entidades bancarias que han recibido ayudas públicas, ha sido intervenida por el Estado y está pendiente de ser subastada, previsiblemente el próximo mes de septiembre. Fuentes de la Fiscalía de Barcelona han explicado a Efe que la investigación se ha abierto de oficio tras conocer por los medios de comunicación las elevadas cuantías de retribuciones, pensiones vitalicias e indemnizaciones de algunos de los responsables de la entidad bancaria, que actualmente está presidida por Adolf Todó.

 El presidente ejecutivo de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, percibió el año pasado 1,55 millones de euros, según la información sobre las remuneraciones de la alta dirección que difundió la entidad a finales del año pasado por imperativo del Banco de España como consecuencia de ser una de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas. Según esta información, a Todó le correspondía una remuneración anual de 1,55 millones de euros, que se dividían entre sueldo (823.000 euros), sistemas de ahorro a largo plazo (579.000 euros), primas de seguros de vida (139.000 euros) y otras retribuciones.

Por su parte, el director general de la caja, Jaume Masana, percibió 866.000 euros, divididos entre sueldo (609.000 euros), sistemas de ahorro a largo plazo (186.000 euros), primas de seguros de vida (47.000 euros) y otros conceptos. Además, el contrato de Todó estaba blindado con 2,44 millones de euros y el de Masana con 1,83 millones. El conjunto del consejo de administración y la alta dirección de CatalunyaCaixa cobraba anualmente 5,26 millones de euros.

 Sin embargo, el Gobierno español aprobó el pasado mes de febrero una reforma financiera que imponía un fuerte recorte a los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias intervenidas, como es el caso de CatalunyaCaixa, limitándolos a un máximo de 300.000 euros anuales. Fuentes de la entidad han precisado a Efe, que Todó, pese al salario que tenía establecido el pasado año, tiene actualmente limitado su sueldo a 300.000 euros, al igual que los altos directivos de entidades intervenidas, como Bankia o Banco de Valencia.

Además, en un comunciado, la entidad destaca que tiene fijada su pokítica de remuneraciones de altos cargos 'con total transparencia y plena aprobación y conocimiento de la Comisión de Retribuciones, el Consejo de Administración, el Banco de España y el FROB, actual accionista mayoritario'. En todo caso, se muestra a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier aspecto de esta cuestión De hecho, el fiscal ya le ha reclamado tanto a Catalunyacaixa como al Banco de España todos los datos sobre retribuciones e indemnizaciones de los altos directivos.

Los fiscales especializados en delitos económicos analizarán esta documentación para conocer tanto los montantes de las retribuciones, como quiénes las cobraron, si se comunicaron y cómo se aprobaron. Una vez analizada la documentación, la fiscalía valorará si existe algún tipo de infracción penal en la adjudicación de estas altas retribuciones, pensiones e indemnizaciones millonarias. Las diligencias de investigación tienen una duración predeterminada de seis meses, aunque este plazo puede ser prorrogado en función de la complejidad de la documentación a analizar y los testimonios que se puedan recoger.

CatalunyaCaixa -formada por las cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona- está actualmente en manos del Banco de España a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que controla un 90 % de la entidad tras aportar 1.718 millones de euros.