Uno de los principales cardenales de la Iglesia Católica y un antiguo ministro han sido puestos bajo investigación en un escándalo de corrupción que ha afectado al Gobierno de Silvio Berlusconi y que ahora salpica también al Vaticano. El cardenal Crescenzio Sepe, actual arzobispo de Nápoles, y el ex ministro de Transportes e Infraestructuras Pietro Lunardi están siendo investigados por corrupción agravada.

Los magistrados de Perugia están investigando una red de corrupción en relación con contratos de obras públicas, la mayoría para grandes eventos, como la cumbre del G-8 del año pasado y las celebraciones del Milenio.

La Santa Sede recuerda que es un Estado propio dentro de Italia

Sepe, de 67 años, está siendo investigado por supuesta corrupción cuando era el responsable de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un departamento del Vaticano con grandes recursos financieros que financia la obra de las misiones en el exterior y que maneja tanto efectivo como propiedades inmobiliarias. Sepe, que estuvo al frente de la Congregación hasta que fue trasladado a Nápoles en 2006, es sospechoso de un delito de corrupción agravada con Lunardi en relación con un acuerdo sobre propiedades inmobiliarias.

Según contaron varios diarios italianos, en 2004 Lunardi adquirió un edificio en Roma del departamento de Sepe a un precio notablemente inferior al valor de mercado. Al año siguiente, cuando Lunardi era ministro, aprobó un decreto que destinaba fondos para la restauración de edificios religiosos históricos, entre ellos la sede de la Congregación, un inmueble del siglo XVI en la Plaza de España en Roma.

Comunicado del Vaticano

El ministro compró un edificio de la Iglesia a un precio muy bajo

En un comunicado, el Vaticano hizo constar ayer que espera que la situación "pueda aclararse total y rápidamente para eliminar cualquier sombra, sea sobre la persona [Sepe] o sobre las instituciones de la Iglesia". Además, indicó que el cardenal cooperará con los magistrados, pero destacó que el Vaticano es un Estado soberano.

"Naturalmente hará falta tener en cuenta también los aspectos del procedimiento y de los perfiles jurisdiccionales implícitos en las correctas relaciones entre la Santa Sede e Italia, que puedan eventualmente estar relacionados con este asunto", dijo el portavoz del Vaticano Federico Lombardi en la radio de la Santa Sede. Sepe goza de un pasaporte diplomático.

El Vaticano parece querer apostar por la transparencia y evitar una repetición de lo ocurrido en 1982, cuando se negó a cooperar con los jueces que investigaban el papel de la banca vaticana en la bancarrota fraudulenta del Banco Ambrosiano.

"La verdad saldrá. Estoy sereno", dijo Sepe ayer a los periodistas al salir de la iglesia de San Onofrio dei Vecchi en Nápoles, donde había oficiado la misa del domingo.

Primera víctima política

La investigación se ha cobrado, de momento, la cabeza de Claudio Scajola, un aliado cercano de Berlusconi. En mayo tuvo que dimitir como ministro de Industria, después de que se conociera que unos 900.000 euros en cheques utilizados para comprar su lujoso apartamento romano al lado del Coliseo provinieron de un constructor arrestado en el caso de corrupción política. Scajola ha negado haber cometido cualquier ilegalidad.

El escándalo estalló en febrero, cuando la policía arrestó a cuatro personas, entre ellas Angelo Balducci, antiguo jefe del departamento del Gobierno que supervisa las obras públicas y que trabajaba también como consultor inmobiliario de la Congregación que dirigía Sepe.