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La Fiscalía pide 27 años de cárcel para Millet y Montull por el caso Palau

Anticorrupción pide decomisar 6,6 millones a CDC y reclama 7 años y medio de prisión para su extesorero Daniel Osàcar. El partido de Mas considera"irreprochable" su actuación

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En su escrito de acusación por el caso Palau, la Fiscalía reclama 27 años y medio de cárcel para los exresponsables del centro, y ejecutores principales del saqueo de sus arcas, Félix Millet y Jordi Montull. También solicita 1 año y medio para el exdiputado de CIU Jaume Camps por tráfico de influencias

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pide 7 años y medio de cárcel y multa de 20 millones de euros para Daniel Osàcar, extesorero de Convergencia Democrática de Cataliunya, el partido de Artur Mas. Solicita además decomisar a dicha formación política 6.676.105,58 euros por las comisiones ilícitas que afirma que cobró de la constructora Ferrovial.

Las penas más altas se reclaman para los exresponsables del Palau de la Música Félix Millet y Jordi Montull, 27 años y medio de prisión para cada uno, y para la hija de este último y exdirectora financiera del centro, Gemma Montull, 26 años. También incluye una petición de pena de 1 año y medio de prisión para el exdiputado de CiU Jaume Camps. En total, acusa a 17 personas, entre ellas dos directivos de Ferrovial, y solicita al juez la apertura de juicio oral.

En el caso del extesorero de CDC Daniel Osàcar, le acusa de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil.

En un comunicado difundido tras conocerse el escrito fiscal, CDC ha defendido la 'irreprochable' actuación de su extesorero Daniel Osàcar y de su antecesor, el fallecido Carles Torrent, así como la absoluta inocencia del partido, ante el convencimiento de que no hubo ninguna irregularidad.

El partido de Artur Mas expresa su respeto por las actuaciones judiciales, pero remarca que utilizará todos los mecanismos a su alcance para defender su inocencia: por eso, se muestran dispuestos a continuar colaborando con la justicia para aclarar todos los hechos que se le imputan, que consideran 'falsos y no probados', según informa Europa Press.

'Ni CDC, ni la Fundació CatDem, ni ninguna persona con relación orgánica con nuestro partido, nunca se han lucrado ni del Palau de la Música ni de las Instituciones que dependen de éste', ha apuntado.

En un extenso escrito, el fiscal pide además nueve años y seis meses de prisión para la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. Además, solicita decomisar 6.676.105,58 euros a CDC, que corresponde al total de comisiones presuntamente ilícitas pagadas por Ferrovial 'y que se hicieron llegar a la órbita de CDC, con responsabilidad criminal de su tesorero'.

El entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía 'de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático'.

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para 'la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios '--desde su incorporación como directa financiera en 2003--, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

'Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos', asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras 'suntuosas' en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

Además, Millet pagó con fondos del Palau las 'ostentosas' bodas de dos de sus hijas, viajes exóticos --Polinesia, Tailandia, Maldivas, Egipto, México y Dubai, por ejemplo--, y otros gastos suntuosos. El fiscal detalla también la presunta trama de comisiones ilícitas cobradas por CDC, a través de un acuerdo criminal que tilda de sencillo y demoledor con Ferrovial.

Cree que la empresa efectuó cuantiosos pagos a CDC para garantizar 'un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública' por parte de la Generalitat y otras instituciones públicas dominadas por el partido, y lo hacían camuflándolo como patrocinios a la institución musical.

Lo fraguaron el responsable de la constructora Pedro Buenaventura ayudado por el también responsable de Ferrovial Juan Elizaga, mientras que por parte de CDC participaron 'como mínimo' el tesorero Carles Torrent --fallecido en 2005-- con la colaboración de Jaume Camps; el sistema fue continuado y perfeccionado por el siguiente tesorero Daniel Osàcar, según el fiscal.

'La lógica apunta a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado', dice el fiscal, situando el fraude al menos entre 2000 y 2008.

Entre CDC y Ferrovial, mediaron Millet y Montull para proporcionar 'el disimulo que los pagos ilícitos requerían para llegar a su destino sin problemas', llevándose una mordida de los mismos.

El fiscal sostiene que la comisión ilícita cobrada era del 4% del importe de las adjudicaciones de obra pública, del que un 2,5% iba a a CDC y un 1,5% a Millet y Montull, que a su vez se lo repartían con el 80% para el primero y 20% para el segundo; Camps recibió al menos una remuneración puntual.

Según él, entre las adjudicaciones hay algunas 'de inusitada envergadura de las más importantes acometidas en Catalunya' como la construcción de la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Para tapar estas comisiones se utilizaron presuntamente tres canales: entregas en efectivo, falsos convenios de colaboración con una fundación vinculada a CDC --entonces Trias Fargas, ahora rebautizada como CatDem-- y pago de facturas falsas por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin, con los que llegaron 6.676.105 euros a las arcas convergentes.

El fiscal considera que Millet, Montull, y la hija de este, son coautores del delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, de los cuales cree que es cómplice Garicano.

A Osàcar y a Camps los acusa de un delito de tráfico de influencias, e inductores a los responsables de Ferrovial Buenaventura y Elizaga, a los que también atribuye administración desleal; considera a las esposas de Millet y Montull, Marta Vallés y Mercedes Mir son partícipes a título lucrativo del expolio.

El portavoz del PSC en el Parlamento catalán, Maurici Lucena, ha exigido este jueves que CDC asuma responsabilidades políticas 'muy arriba en el escalafón' del partido si se confirman, tras el juicio, penas de prisión que se piden para sus afectados en el saqueo del Palau de la Música.