Público
Público

Fiscalía pide investigar la liberación del "Alakrana"

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido una investigación sobre la trama "jurídico financiera" en torno a la liberación del atunero vasco "Alakrana" y ha solicitado que comparezcan como testigos los marineros de la embarcación, informaron el miércoles fuentes judiciales.

En su solicitud, la Fiscalía pide al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se investigue a "intermediarios" y a "todos los que pudieron participar" en las negociaciones que tuvieron lugar para poner fin a un secuestro que ha durado 47 días y si efectivamente se produjo el pago de un rescate.

Los 36 tripulantes del "Alakrana", secuestrado en aguas del océano Índico por piratas somalíes, fueron liberados el martes. Según los piratas, la liberación de produjo tras acordarse un rescate de 3,5 millones de dólares (unos 2,3 millones de euros).

El Gobierno no ha querido pronunciarse sobre el hipotético pago y sostiene que ha trabajado dentro de la legalidad, aunque declaró que ha cooperado con el armador de la embarcación. Varios de los ministros que hablaron el miércoles sobre el secuestro, desde la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega hasta la ministra de Defensa, Carme Chacón, eludieron mencionar el asunto.

Por otro lado, la Fiscalía solicitó también la apertura de juicio oral contra los presuntos piratas Cabdullahi Cabduwilly (alias Abdu Willy) y Rageggesy Hassan Aji (alias Raageggsy Admi Haman), que fueron detenidos por la fragata española Canarias poco después del secuestro del "Alakrana", agregaron las fuentes.

Ambos están en prisión provisional bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional, y el martes comparecieron ante el juez Pedraz, quien les comunicó su procesamiento por 36 delitos de detención ilegal, un robo con violencia en las personas y uso de armas.

Según reveló un auto difundido el lunes, se les ha retirado el delito de asociación ilícita, con lo cual existe la posibilidad de que puedan cumplir una pena inferior a seis años y ser expulsados de España si se aplicara la Ley de Extranjería, explicaron fuentes judiciales.