Publicado: 19.08.2015 23:08 |Actualizado: 19.08.2015 23:08

La Fiscalía pide siete años para un empresario por liberar 130 toneladas de gases de efecto invernadero

Acusa a un industrial zaragozano de estafar siete millones a dos fundaciones a las que cobraba por tratar ecológicamente neveras usadas que, según la Guardia Civil, en realidad machacaba como si fueran chatarra.

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Imagen captada por la Guardia Civil

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ZARAGOZA.- “Con el evidente propósito de obtener un mayor beneficio, con absoluto desprecio de las normas reguladoras de la materia y del interés general, en esos cuatro años, el 80%, aproximadamente, de los frigoríficos por los que cobró, en vez de tratarlos con arreglo a lo establecido, los eliminó por fragmentación, arrojando a la atmósfera una cantidad de CFC y HCFC de aproximadamente 136.078 kilogramos”. La Fiscalía pide, por esa presunta fechoría ambiental, siete años de cárcel para Valero López Villalba, uno de los principales industriales del sector del reciclado en España, y dos para su empleado Fernando Lanuza. Ambos están citados para sentarse en el banquillo de los acusados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza el próximo 8 de septiembre.

Ese supuesto fraude en el reciclado de neveras en el Parque Tecnológico del Reciclaje (PTR) de Zaragoza, que las investigaciones de la Guardia Civil sitúan entre los años 2007 y 2010, causó, según el ministerio público, “una grave alteración de las condiciones naturales de la atmósfera del entorno de la ciudad, con afectación a la fauna y flora que tenían su natural hábitat de desarrollo en las cercanías”.




El ministerio público imputa a ambos acusados un delito ecológico, por el que reclama que indemnicen con seis millones de euros al Gobierno de Aragón, “como responsable del medio ambiente”. Y, además, atribuye a López una estafa por la que pide que resarza a dos fundaciones del sector del reciclado con una cifra por determinar.

Casi siete millones en trabajos no realizados

Aunque el escrito de conclusiones provisionales da una pista para calcularla: “haciéndoles creer [a las fundaciones Ecoasimelec y Ecolec] que lo hacía de forma correcta, les indujo a disponer en su favor de una cantidad que podría determinarse en alrededor de 8.747.884 euros (…), de los que 6.998.307 aproximadamente corresponderían a trabajos no realizados en realidad”.

La tesis de la Fiscalía de Medio Ambiente de Zaragoza, que también pide al tribunal que inhabilite a López “para su profesión de gestor de residuos” durante tres años, y del grupo de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa (Ucoma) de la Guardia Civil pone en cuestión el sistema de valorización de los aparatos de refrigeración –neveras y aires acondicionados- que se aplica en España.

Este se basa en unas fundaciones llamadas SIG (Sistema Integral de Gestión) que, con el dinero que los consumidores desembolsan para ese fin al comprar sus nuevos aparatos, pagan a recicladores autorizados 14,40 euros por extraer y aislar de cada aparato los gases de tipo CFC (clorofluorocarbono) y el HCFC (hidroclorofluorocarbono) que estos contienen en el circuito de refrigeración y en la capa aislante de poliuretano.

Daños en la capa de ozono

Esos fluidos, que destruyen el ozono estratosférico y que llegan a permanecer entre una década y medio siglo en la atmósfera, deben ser confinados en bombonas especiales y trasladados a centros de recuperación en el extranjero.

“Se estima que una molécula de cloro puede destruir hasta 100.000 moléculas de ozono”, indica el escrito de acusación, que dedica un apartado a describir la reacción química por la que ese tipo de gases “alteran el equilibrio del sistema ozono-oxígeno”.

Valorfrío, empresa de López Villalba que tiene su sede en el PTR, como Ilsacer e Industrias López Soriano, trató en esos cuatro años “como residuos de aparatos electrodomésticos la cantidad de 607.492 frigoríficos, según sus propias memorias anuales”, señala la Fiscalía, que apunta que el 80% de ellos fueron machacados como chatarra en máquinas fragmentadoras sin extraer previamente los gases contaminantes, los cuales fueron liberados hasta causar, presuntamente, una emisión conjunta de 136 toneladas de gas.

Extracciones por 40 euros y machaque por 3,5

En condiciones normales, indica el ministerio público, “este proceso requiere una costosa instalación, el consumo de energía eléctrica y el empleo de mano de obra, calculándose el coste del proceso por cada frigorífico promedio en la cantidad de 40 euros”. Tratarlos como chatarra sale a tres euros y medio por nevera.

La defensa de los dos imputados, que pide su absolución y que acusa de prevaricación y falsedad al teniente de la Guardia Civil que dirigió las investigaciones, mantiene que “ningún frigorífico entregado a Valorfrío para su tratamiento ha sido nunca fragmentado” y asegura que “la totalidad” ha seguido “el procedimiento de extracción de gas legalmente previsto”.

López Villalba dirige el grupo López Soriano, el mayor emporio industrial del sector del reciclaje en Aragón y uno de los mayores de España. Incluye, entre otras instalaciones, el PTR, un complejo de 215 hectáreas cuya construcción supuso a mediados de la pasada década el mayor movimiento de tierras del sur de Europa. También fue uno de los impulsores iniciales del desguace de aviones del aeródromo de Caudé, en Teruel.
El PTR, uno de aquellos grandes proyectos que apabullaban a Aragón en vísperas de la crisis, lleva diez meses en fase de liquidación tras haberse declarado insolvente hace dos años. Y el complejo de Caudé lo explota Tarmac, filial de la compañía europea Airbús.