'Nos acusan de atentar contra los derechos de los trabajadores, cuando lo que hemos hecho toda la vida es defenderlos. Eso es lo que más me duele'. Así resume a Público Rubén Ranz, sindicalista de UGT, la paradoja por la que podría ser condenado a prisión junto a su compañero José Manuel Nogales.

Ambos participaron en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Entraron en una cafetería que permanecía abierta para dejar unos panfletos, pero -explica- 'uno de los camareros se encaró con nosotros'. Tras intercambiar unos gritos, 'los antidisturbios, que nos venían acompañando desde el principio, cargaron contra nosotros sin avisar. Nogales cayó al suelo y le detuvieron. A mí me arrestaron cuando les dije que no se llevaran al mayor de todos'. Las consecuencias se resumen una acusación de la Fiscalía por un delito de atentado contra agente de la autoridad, otro de lesiones y otro contra el derecho de los trabajadores. Un total de tres años y siete meses de prisión para cada sindicalista.

Este es el caso más reciente, pero no el único. Apenas un mes atrás, Tamara y Ana, dos jóvenes gallegas eran condenadas a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante una huelga para mejorar el convenio colectivo de su sector. Su delito fue arrojar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños, ya que la empresa para la que trabajaban se encarga de su mantenimiento. Además tendrán que pagar una multa de casi 1.200 euros por los desperfectos causados. El juzgado de primera instancia las condenó a seis meses de cárcel y una multa, pero la Fiscalía Provincial de Pontevedra recurrió la sentencia pidiendo la pena máxima por coartar el derecho al trabajo de sus compañeros. Ana está embaraza y podría dar a luz en prisión por -no está probado que fueran ellas dos- manchar el agua de una piscina.

También en septiembre de 2010, Koldo González, secretario general de CCOO de La Rioja y otros cuatro compañeros de organización, participaron en un piquete durante la huelga general de ese año. A día de hoy no hay sentencia firme, pero en febrero fueron juzgados tras una denuncia del propietario de la fábrica donde actuaron. La Fiscalía solicitó dos años de prisión para cada uno por un delito de coacciones, ya que algunos miembros del piquete presuntamente pararon las máquinas. Rechazaron la propuesta del fiscal de declararse culpables a cambio de rebajar la pena. 'Somos inocentes, nadie coaccionó a nadie ni hubo ningún tipo de violencia. Preferimos ir a juicio para que quedase demostrada nuestra inocencia', afirma a Público González, que subraya que, durante la vista oral, una testigo de la empresa identificó como culpable de parar las máquinas a una persona que ni siquiera estaba sentada en el banquillo de los acusados.

'La Fiscalía General, movida por criterios políticos, está creando un clima de miedo y limitando derechos fundamentales' El mismo delito contra los derechos de los trabajadores le imputa la Fiscalía a Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en Baleares, para quien el Ministerio Público solicita cuatro años y medio de cárcel. Supuestamente, Vicens rompió la luna de un autobús durante la huelga general del 29-M de 2012. El juicio oral tuvo lugar el pasado 9 de mayo.

En la huelga de 2010 se registraron incidentes en la planta de Airbus de Getafe (Madrid) que desembocaron en cargas policiales, dejando varios heridos y algunos disparos al aire por parte de los agentes. Una conflictividad insólita en esta empresa puntera, en la que nunca ha habido incidentes durante una jornada de movilización. José, Tomás, Enrique, Raúl, Rodolfo, Edgar, Armando y Jerónimo, ya conocidos como Los ocho de Airbus, acumulan una petición de la Fiscalía de 66 años de cárcel -ocho para cada uno- por su supuesta participación en los incidentes. Es la solicitud más severa a la que se enfrentan los miembros de un piquete en toda la democracia.

En total, según asegura a Público Rodolfo Benito, miembro de la Ejecutiva de CCOO, las peticiones de penas de prisión por parte de la Fiscalía acumulan cerca de 90 años, sólo para afiliados y cargos de su sindicato, aunque afirma que son centenares los que se enfrentan a acciones penales y administrativas, según una recopilación -aún provisional- de acusaciones que el sindicato está elaborando ante la cantidad de procesos que se han iniciado contra trabajadores y sindicalistas. Todos abiertos durante los últimos meses por su participación en piquetes durante huelgas de las que ya han pasado, en ocasiones, más de cuatro años.

UGT también está recabando esta información, han confirmado a Público fuentes sindicales, aunque por el momento no pueden aportar una cifra. No obstante, casos como los descritos se cuentan por decenas en todo el país, y en algunos hay implicado militantes de ambas organizaciones, por lo que  desarrollarán una estrategia común para hacer frente a lo que consideran una 'persecución' contra los trabajadores que ejercen el derecho constitucional de huelga.

Para Rodolfo Benito no hay ninguna duda de que 'la Fiscalía General, movida por criterios políticos, está dando instrucciones  para asestar un golpe a los derechos fundamentales e intentar amedrentar y generar un clima de miedo entre los sindicalistas y los trabajadores' para ahogar la protesta y la movilización.

Ambos sindicatos aseguran que este comportamiento del Ministerio Público no tiene precedentes en la etapa democrática y que pretende limitar el derecho de huelga solicitando 'penas desproporcionadas', en palabras de los sindicalistas; 'castigos ejemplares', según la Fiscalía.