'El gasto público en infraestructuras ha tocado techo y tendremos que adaptarnos al nuevo escenario'. Las palabras de ayer del ministro de Fomento, José Blanco, durante una comparecencia de cinco horas en el Congreso para explicar el recorte de la inversión en obra pública, abren una nueva etapa para la financiación de las infraestructuras en España. El plan de austeridad y el ajuste presupuestario (del que a Fomento le tocan 6.400 millones hasta 2013) obligan al ministerio a anular 18 contratos de 926 millones de inversión y a retrasar entre uno y cuatro años otros 199 contratos por 8.700 millones. En total, se cancelan o aplazan obras adjudicadas de más de un millón de euros por 9.626 millones, el 30% de los aproximadamente 33.000 millones de inversión vigente.

Las comunidades autónomas ya han sido informadas del impacto del ajuste, que ahora se está concretando a las constructoras.

En un principio, Fomento rescindirá 32 contratos, pero 12 de ellos (siete de carreteras y cinco de ferrocarriles) se harán posteriormente, a través del sistema de concesiones a empresas privadas que se abrirá en el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de 17.000 millones en dos años. Otros dos proyectos viarios, uno en Aragón y otro en Catalunya, también se rescinden, pero volverán a salir a concurso con menor coste. Las rescisiones de proyectos afectan, sobre todo, a Castilla y León, con siete contratos de carreteras anulados. En número, le sigue Catalunya, con cinco obras en autovías aunque el impacto relativo es menor ya que supone el 3,2% de la inversióny Aragón (cuatro contratos).

Cantabria también está entre las más perjudicadas porque se rescinden cuatro obras que suponen el 22% de todas las comprometidas en esta comunidad. Pero el AVE se reanudará, como ya comunicó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al dirigente cántabro, Miguel Ángel Revilla.

No se anula ninguna obra en Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja, País Vasco y las islas. Tampoco se tocarán los ejes troncales del AVE, ni los aeropuertos, ni los puertos. Así que el ajuste recae sobre carreteras y, en menor medida, sobre el ferrocarril. Los únicos cinco tramos afectados de alta velocidad (en el Palencia-Santander y el Valencia-Castellón) se harán por concesión: las constructoras realizarán la obra y se quedarán durante 25 años con la gestión a cambio de un canon. Esta fórmula ya se ha utilizado en el tramo Figueras-Perpiñán (Francia).

Para conocer el listado definitivo de las obras que se retrasarán por comunidades habrá que esperar a la elaboración de los Presupuestos, en septiembre, dijo ayer el ministro al portavoz del PP, Andrés Ayala, que se lo reclamó varias veces.

Ese es el nuevo escenario de aquí a 2014 en cuanto a las obras que costeará el Presupuesto General del Estado, es decir, todos los españoles. El 70% de la inversión pendiente de ejecutar, 23.527 millones, seguirá sin cambios. A partir de ahora, el ministerio pedirá a las constructoras que bajen un 22% el coste de los proyectos.

El cambio más brusco se dará el próximo año, ya que el presupuesto bajará a 13.945 millones de euros (el inicial de este año subía a 19.000). Pero en 2012 se mantendrá ese nivel de inversión, una media que es 'similar a la ejecutada en un periodo de bonanza económica, como el cuatrienio 2005-2008' y 'un 65% superior' al trienio anterior, señaló el ministro de Fomento.

Pero que baje el presupuesto no quiere decir que no haya obras. Este año, Fomento licitará 5.568 millones. Y 'este verano' comenzará la licitación de las obras de colaboración público-privada del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), destacó el ministro. Las constructoras temían que se retrasase su inicio.

El debate parlamentario fue a ratos bronco, sobre todo cuando el PP habló de 'colapso' en Fomento 'del que no se sale con lo que usted ha presentado esta mañana', dijo Ayala. Blanco le contestó que 'muchos problemas que resuelvo son consecuencia de decisiones de planificación del PP'. CiU, a través de su portavoz, Pere Macias, pidió una moratoria en la inversión para el AVE que el ministro rechazó de plano. Gaspar Llamazares, de IU, reclamó 'consolidar las infraestructuras existentes' y pidió 'altas capacidades, no AVE, que nos ha costado un potosí'.