Lo anunció ayer miércoles José Blanco: Fomento meterá la tijera en la obra pública. Dicho y hecho: menos de 24 horas después de su anuncio, el ministro oficializó en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados la cancelación 32 contratos de obras de carreteras y ferrocariles (VER PDF). Otros 199 contratos con un presupuesto mayor al millón de euros serán revisados, con lo que sufrirán retrasos de entre uno y cuatro años. Esto supone que el 20% de la obra pública será paralizada o retrasada. (Consulta la intervención de Blanco).

Con presupuesto superior a un millón de euros, el Ministerio de Fomento y las empresas de su grupo tienen ahora en marcha 1.166 contratos de obra nueva en fase de ejecución. En una intervención en la Comisión de Fomento del Congreso, Blanco detalló que los contratos paralizados asciende a 32, mientras los revisados son 199 (112 de carreteras y 87 de ferrocarril). De los contratos paralizados, 12 se contratarán de nuevo mediante colaboración público-privada (siete de carreteras y cinco de ferrocarriles) y dos se licitarán nuevamente con cargo al presupuesto ordinario, una vez definida la solución constructiva más eficiente que permita realizar la infraestructura a un coste sensiblemente menor.

Por tanto, el número total de obras que quedarían rescindidas serán 19, de las que, según Blanco, será programada su licitación, en virtud de los nuevos criterios de eficiencia y rentabilidad social, así como de la disponibilidad presupuestaria futura.

Las comunidades más afectadas son Catalunya, Cantabria, Aragón y Castilla-León.  Cantabria es la más 'tocada': pierde el 22% de la obra pública nueva. En términos absolutos Castilla-León pierde siete contratos, informa Susana R. Arenes.

Sólo hay seis comunidades —Navarra, Baleares, La Rioja y País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha— en las que no se rescindirá ninguna obra, puesto que se trata de los territorios donde Fomento cuenta con un menor número de contratos de obra nueva en marcha. Tampoco se verán afectadospor el recorte puertos y aeropuertos.

A la hora de definir el recorte, Fomento ha mantenido la prioridad de potenciar el transporte de ferrocarril en su triple vertiente de alta velocidad, mercancías y cercanías 'porque consideramos que la renovación de nuestra red ferroviaria es la forma más eficaz de aumentar la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad de nuestro sistema de transportes', explicó Blanco.

Por ello, Fomento está llevando a cabo estudios de la rentabilidad económica y social de las líneas de alta velocidad que está ejecutando y que Blanco se comprometió a presentar en el Congreso.

También considera una prioridad la inversión en mantenimiento y conservación, en línea con el objetivo de sacar el máximo provecho a la infraestructura existente, antes de construir obra nueva. Además, ha priorizado las obras con un muy avanzado grado de ejecución, es decir, aquellas infraestructuras que están a punto de ser puestas en servicio. En el caso de carreteras, ha salvado las obras que finalicen en 2010 y principios de 2011.

'Somos conscientes de que este ajuste va a tener una importante repercusión en las empresas del sector de la obra civil', admitió Blanco, quien advirtió al sector que 'se tendrá que reestructurar como lo están haciendo otros sectores que, en los últimos años, han experimentado un gran crecimiento basado en un desarrollo que excede las necesidades reales del país'.

'Estamos convencidos de que nuestras empresas, que cuentan con un prestigio internacional indiscutible, están en condiciones de dar respuesta a los problemas a los que se enfrentan países que cuentan con una red de infraestructuras desarrollada, pero también en los países emergentes que comienzan ahora a desarrollar sus infraestructuras del transporte para mejorar su competitividad', agregó. Con ello, Fomento pretende alcanzar un ahorro de 3.200 millones de euros en 2010 y una cifra similar en 2011. Los ajustes tendrán también impacto en 2012 y 2013.

A estos recortes se suma el plan de austeridad del Ministerio, con el que pretende ahorrar 1.300 millones de euros anuales, y el de eficiencia, que persigue reducir un 22% el coste de las obras.