Más de 80 entidades y casi 900 personas a título personal se han adherido al manifiesto a favor de cerrar el Centro de Internamiento para Personas Extranjeras (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona.

Los impulsores de esta campaña son las entidades Tanquem els CIEs (Cerremos los CIE), Fundación Migrastudium y SOS Racismo Cataluña, que han dado a conocer hoy estos datos en una rueda de prensa en Barcelona en la que la periodista Rita Marzoa, en representación de Òmnium Cultural, ha afirmado, contundente, que en 'el país que queremos no puede haber esta lacra'.

También el cantante Gerard Quintana, la actriz Carme Sansa y el activista pro derechos humanos Arcadi Oliveres han participado hoy en este acto de la campaña en contra del CIE de Barcelona, que culminará los días 17 y 18 de octubre con un mitin en las Cotxeres de Sants y una acción alrededor del centro de internamiento de la Zona Franca.

Sylviane Dahan, representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), entidad que también apoya esta campaña, ha denunciado que en una ciudad como la ciudad condal, con un gran número de visitantes, hay personas encerradas en el centro de internamiento de extranjeros. Alba Cuevas, de SOS Racismo, ha indicado, por su parte, que 'estamos a la espera de que el alcalde nos convoque', para conocer su posición sobre este tema.

Hoy se ha informado también sobre la nueva campaña Tancarem el CIE, que apuesta por conseguir el apoyo de personalidades del mundo de la cultura, de la política y la comunicación, a través de vídeos en los que estas personas han hecho pública una razón contra estos centros, a la que se han añadido la monja y activista Teresa Forcades, el representante de la CUP David Fernández, el grupo La Pegatina, Joan Herrera (ICV), y los sindicatos UGT, CCOO y CGT, entre otros.

Según SOS Racismo, en los CIEs se puede retener hasta dos meses a personas que no han cometido ningún delito sino sólo una falta administrativa, y están encerradas 'con menos garantías que en una prisión'.

'El CIE es un espacio totalmente opaco, en el cual las organizaciones e instituciones que velan por los derechos humanos no pueden acceder ni ejercer ningún control, en el que los abusos y las agresiones por parte de los policías a las personas retenidas son frecuentes, y donde no se garantiza el derecho a la tutela judicial para poder denunciar estas situaciones', afirma la entidad antirracista.