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Fracasa el segundo intento de pactar la reforma laboral en esta legislatura

Las diferencias en puntos esenciales han hecho imposible un acuerdo de mínimos tras más de diez horas de reunión

EFE

El Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT no han logrado hoy, por segunda vez en esta legislatura, alcanzar un acuerdo para reformar el mercado de trabajo.

El Ejecutivo y los agentes sociales hicieron un último intento en una reunión maratoniana que comenzó ayer, pasadas las 19:30 horas, y que terminó hoy, sin acuerdo, a las seis de la mañana.

Las discrepancias sobre el coste del despido y sus causas han sido los mayores obstáculos para el pacto.

Esta segunda fase de la negociación se inició el 20 de enero de 2010 y se ha caracterizado por intensas y discretas reuniones.

El Gobierno ha propuesto generalizar el contrato de fomento del empleo estable y que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pague 8 de los 33 días que ese contrato tiene como indemnización para el despido improcedente, a lo que se han opuesto los sindicatos.

El Gobierno era consciente de las dificultades y por eso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el 2 de junio que la reforma se aprobaría, con o sin acuerdo, en el Consejo de Ministros del próximo 16 de junio.

La primera fase del diálogo se inició el 29 de julio de 2008 con la firma, por parte del Gobierno y de los agentes sociales, de la 'Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social'.

Desde el primer momento, el Gobierno se comprometió a no aprobar una reforma laboral que no estuviera pactada con los agentes sociales.

Casi un año más tarde de reuniones, el 24 de julio de 2009 el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, daba por 'finiquitado' el proceso de negociación por las propuestas 'inasumibles' de la patronal.

Según Corbacho, sus demandas de abaratar el despido -proponían un contrato del Siglo XXI con 20 días de indemnización- y rebajar en 5 puntos las cotizaciones sociales ponían en peligro el sistema de pensiones y vulneraban los derechos de los trabajadores.

La primera fase terminaba con el enfado del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el líder empresarial Gerardo Díaz Ferrán.

El 24 de septiembre de 2009 Corbacho pidió que se impulse el contrato a tiempo parcial y abogó nuevamente por reformas 'serias y serenas' del mercado laboral, dirigidas a reducir la temporalidad, modificar las bonificaciones a la contratación e impulsar la formación.

El Gobierno inició el segundo intentó de acuerdo en esta legislatura el 20 de enero de 2010 y no empezó bien, a pesar de que Corbacho había nombrado un coordinador general del Gobierno para el Diálogo Social, Alfonso Morón.

Ese día la CEOE y CEPYME y CCOO y UGT pidieron al Ejecutivo que retrasase su intención de presentar su propuesta de reforma del mercado laboral.

Así lo hizo el Gobierno, que presentó el 5 de febrero Zapatero en La Moncloa a Díaz Ferrán y a los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, a quienes les emplazó a cerrar el acuerdo en dos meses.

La propuesta del 5 de febrero se centró en generalizar el uso del contrato de fomento del empleo estable (cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado frente a los 45 del fijo ordinario), impulsar el empleo juvenil y reorientar las bonificaciones a la contratación y facilitar la reducción como jornada como alternativa al despido (el conocido como modelo alemán).

El Ejecutivo presentó una segunda propuesta de reforma el 12 de abril en la que además de las cuatro anteriores, según el coordinador del Diálogo Social del Gobierno, las nuevas medidas eran que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubriese el 40% de las indemnizaciones por despido procedente de todas las empresas y no sólo las de las de menos de 25 trabajadores, como rige ahora.

Este nuevo documento fue rechazado por los sindicatos porque suponía abaratar el despido.

El 31 de mayo en una reunión entre Corbacho, Méndez, Toxo y Díaz Ferrán se decide ampliar nuevamente el plazo, que un día después el ministro lo fija en el 9 de junio y que hoy ha terminado sin acuerdo.

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